Casares pide a la Mancomunidad una compensación por albergar la planta de RSU

El alcalde del municipio, José Carrasco, manifiesta que «gracias a la actitud solidaria y generosa» de Casares con el resto de municipios, fue posible esta planta. Mañana viernes propondrá al pleno de la corporación solicitar a la Mancomunidad compensaciones por albergar esta instalación y soportar «los costes económicos, sociales y territoriales» que conlleva para el municipio de Casares.

El Complejo Medioambiental de la Costa del Sol se encuentra ubicado en la Finca Benamorabe-Benamozable, en una superficie de 180 hectáreas a la que hay que sumar zonas de servidumbre o protección que requiere una actividad de este tipo. En la actualidad la planta de reciclaje trata 300 toneladas de residuos al día y da cobertura a los 530.384 habitantes censados en los municipios que integran la Mancomunidad. Según la propuesta de alcaldía, las actividades del complejo, y por tanto su extensión, se verán «notablemente incrementadas» de confirmarse la evolución de la población prevista por el Ministerio de Fomento para la zona y que podría llegar en 2036 a los 800.000 habitantes censados (cifra que se duplicaría en épocas vacacionales). De hecho, teniendo en cuenta la proyección de residuos de los municipios ya se considera que en agosto de 2021 se superará la capacidad de clasificación de la actual planta.

Por otra parte, la Mancomunidad, a través de sus ordenanzas ha establecido una cuota tributaria fija de 43 euros por tonelada (o fracción) de material vertido para su tratamiento que deben abonar cada uno de los ayuntamientos y no contempla bonificación alguna para el municipio de Casares. Como consecuencia directa de este canon, Casares abonó al Complejo Medioambiental 142.000 euros en el año 2016.

El alcalde propone que se bonifique la cuota tributaria que el Ayuntamiento de Casares debe abonar por el vertido y tratamiento de sus residuos, «procediendo a modificar si fuera necesario la Ordenanza Fiscal reguladora de tal servicio, u otra forma legal que considere más adecuada, para cubrir el perjuicio que sufre por la ubicación de estas instalaciones en nuestro término municipal».

Entre estos perjuicios Carrasco menciona problemas para el vecindario, generado por los ruidos y los olores que, inevitablemente, genera esta instalación. La disminución en el valor de los bienes inmuebles del municipio que se haya podido producir como consecuencia de la existencia del complejo. La pérdida de oportunidades de inversión, pues la planta se ve como un inconveniente para el desarrollo de proyectos empresariales en los alrededores y por supuesto en la superficie que ocupa actualmente.

El alcalde también plantea la creación de una mesa de estudio entre ambas administraciones para analizar las formas legales y presupuestarias para hacer efectiva dicha compensación en el ejercicio 2.018. Y al Ministerio de Hacienda plantea que, en la normativa que regule el nuevo modelo de financiación local, se incluya a infraestructuras como las Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Bienes de características Especiales (BICEs) ajustando su valor catastral.