Ayuntamientos con superávit preparan un aluvión de inversiones a un año de las urnas

Hacienda suaviza sus restricciones para que municipios saneados puedan usar sus ahorros en proyectos que no generen más gasto público

FRANCISCO JIMÉNEZ/IVÁN GELIBTER MÁLAGA.

Los alcaldes empiezan a dejar atrás las estrecheces económicas de los últimos años impuestas por la crisis en el momento más oportuno. A poco más de un año de las próximas elecciones municipales (junio de 2019), los ayuntamientos preparan una doble ración de obras en los barrios, creación de nuevos equipamientos y actuaciones de mejora en infraestructuras e instalaciones sociales, deportivas y culturales. Unos más y otros menos en función del potencial de sus arcas, pero la mayor alegría en el gasto ya se va notando en el capítulo de inversiones de los presupuestos municipales, a las que habrá que sumar el paquete de actuaciones por más de 100 millones de euros en el que ya están trabajando todos los municipios que tienen sus cuentas moderadamente saneadas a los que el Gobierno permite emplear parte del superávit de 2017 a inversiones financieramente sostenibles.

Se trata de un 'premio' que el Estado viene concediendo desde 2014 a los consistorios cumplidores con la reducción del déficit público consistente en levantarle la restricción del gasto, pero que este año va más allá al ampliarse el abanico de actuaciones que se pueden ejecutar con estos fondos. Se mantiene la premisa de que ninguna acabe generando un mayor dispendio en el futuro ni vaya a incrementar el gasto corriente (nóminas, por ejemplo) y que antes de reservar esta partida del remanente positivo hay que restarle la amortización de créditos bancarios. Pero si hasta ahora se circunscribían prácticamente a renovación de alumbrado y alcantarillado, zonas verdes, mejoras en transporte público y pequeñas obras de acerado y reurbanización de calles, este podrán emplearlos para adquirir nuevos equipos y vehículos para Policía Local, Bomberos y Protección Civil, programas de asistencia social, la creación y funcionamiento de guarderías y colegios, a equipamientos culturales, instalaciones deportivas o incluso a la rehabilitación y mejora de edificios municipales.

Además, tendrán más margen para ponerlas en marcha: hasta el 31 de diciembre de 2019, tal y como recoge el decreto ley que el Consejo de Ministros tuvo que aprobar el pasado viernes 23 ante las prisas de los alcaldes que veían cómo el tiempo se les echaba encima sin contar con esta 'regla especial' ante el retraso del Gobierno en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que es donde cada ejercicio se incluía la renovación de esta medida.

Presiones de los alcaldes

Con estas novedades, el Ministerio de Hacienda ha reaccionado a la presión ejercida por los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reclamaban una mayor flexibilidad para hacer uso de sus ahorros, toda vez que debido a las limitaciones impuestas por el Ejecutivo para controlar el gasto los ayuntamientos españoles sólo empleaban una cuarta parte del dinero que podrían haber invertido.

Este control parental se viene aplicando desde 2012 a través de la bautizada como Ley Montoro, una forma abreviada de llamar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 para cerrar el grifo del gasto a todas las administraciones y obligarlas a destinar cualquier euro de más que ahorraran a reducir su nivel de endeudamiento. Las primeras en hacer los deberes fueron las corporaciones locales, a las que ya en 2014 el Ministerio de Hacienda empezó a abrirles la mano, siempre que cumplan a rajatabla tres condicionantes: presentar superávit, tener un nivel de deuda pública moderado y pagar en tiempo y forma a sus proveedores.

A los cumplidores se les permite que, una vez amortizada parte de la deuda, también puedan usar el dinero sobrante. Pero una cosa es tener recursos para gastar y otra bien distinta recuperar la plena libertad que disfrutaban antes de que llegaran las vacas flacas. Primero, porque todas las operaciones tienen que ser financieramente sostenibles, y segundo porque tienen el obstáculo del techo de gasto que marca Hacienda, que es el límite de gasto no financiero al que están sujetas las administraciones, que se calcula en función de sus ingresos y que desde 2012 también afecta a los ayuntamientos para evitar que se endeuden más de la cuenta.

Con estas directrices sobre la mesa, los ayuntamientos ya están haciendo números para concretar esa lluvia de inversiones con el objetivo de que la mayor parte puedan materializarse antes de los comicios municipales previstos para el 9 de junio de 2019.

Málaga, cerca de 40 millones

En Málaga capital, donde la liquidación de las cuentas de 2017 ha arrojado un remanente de 127 millones de euros, esperan que una vez restadas las partidas para seguir amortizando créditos la cantidad destinada a operaciones financieramente sostenibles se aproxime e incluso supere los 37,5 millones del ejercicio anterior que se han destinado a 150 proyectos en los once distritos de la ciudad cuyo horizonte alcanza hasta finales de este año. «Nos gustaría llegar a las cifras del año pasado, pero primero tenemos que hacer cuentas. Dentro de un mes podríamos tener un planteamiento más definido», afirma el concejal de Economía, Carlos Conde, quien a la hora de concretar el destino de estos recursos también pone el acento en el grado de ejecución de las obras contempladas en el citado plan: «No ganamos nada dándole más dinero a la Gerencia Municipal de Urbanismo si no lo va a poder ejecutar porque no den abasto. No podemos ir avanzando en nuevos proyectos sin desatascar los anteriores».

En Marbella, que en 2017 pudo emplear a inversiones sostenibles 11 millones, prefieren no aportar cifras hasta cerrar la liquidación del pasado ejercicio. En la misma situación se encuentra Fuengirola, que lleva tres ejercicios consecutivos cerrando con un saldo favorable de 20 millones y espera hacer lo propio con el pasado. A modo de referencia, del remanente de 2016 se reservaron 12 millones para este tipo de actuaciones. Por su parte, en el Ayuntamiento de Estepona apuntan a un superávit de 30 millones, aunque sin aventurar la partida de inversiones sostenibles. «Siempre se hará con el uso que prevé la ley», se limitan a señalar.

En Benalmádena sí que tienen establecido un orden de prioridades. Según el alcalde, Víctor Navas, los fondos que se puedan utilizar (aún no tienen cifras concretas) irán para «la mejora de los servicios básicos como la recogida de basuras o el mantenimiento de las playas». También aspiraba a reforzar el personal de limpieza y las plantillas de Policía Local y Bomberos, pero finalmente el decreto ley del Gobierno no lo contempla. Mientras tanto, el Consistorio sigue reduciendo su deuda, que actualmente es de 72 millones , 50 millones menos que hace tres años. Además, ha reducido su plazo medio de pago a proveedores hasta los 16 días.

En el lado opuesto se encuentra Torremolinos. Lejos de acumular superávit, el consistorio se encuentra entre los más endeudados de la provincia, una situación que ha acarreado la aplicación aún vigente de un estricto plan de ajuste que le obliga a centrar sus esfuerzos económicos de estos últimos años en reducir la deuda, que en 2015 ascendía a 197 millones de euros. «Nuestro caso es muy particular porque, aunque estamos demostrando que con las cuentas bien hechas el Ayuntamiento tiene capacidad de recuperación y músculo económico, el superávit anual va destinado a saldar la deuda municipal y reducir el plazo medio de pago a proveedores», explica la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón. En la misma situación se encuentra el Consistorio de Rincón de la Victoria, que ha cerrado 2017 con un superávit de 3,5 millones que irán íntegramente a quitar deuda.

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