El Ayuntamiento tendrá en seis meses el pliego para licitar la redacción del nuevo PGOU

La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, tras su comparecencia de ayer. :: josele-lanza
La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, tras su comparecencia de ayer. :: josele-lanza

El equipo de catedráticos contratado para desbloquear el urbanismo comenzará a trabajar esta misma semana

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El pliego para la redacción del nuevo PGOU de Marbella estará terminado en seis meses y a partir de ese momento el Ayuntamiento podrá licitar los trabajos. Ese es el plazo con el que cuenta el equipo jurídico compuesto por cuatro catedráticos de Derecho Administrativo que ganó el concurso convocado por el Consistorio y que la semana pasada firmó el contrato que lo liga al Ayuntamiento durante el próximo año.

Así lo explicó ayer la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, que aseguró que la ciudad está dando pasos firmes y sólidos en la recuperación de la normalidad urbanística, alterada con la anulación del PGOU en noviembre de 2015. «Nos ponemos en manos de los mejores, de los que más saben, para buscar soluciones», afirmó.

El equipo, que se presentó bajo el paraguas de la Universidad de Málaga un concurso convocado por el Ayuntamiento al que acudieron nueve propuestas, está integrado por Diego Vera Jurado, catedrático de la UMA; Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III de Madrid; José María Baño León, de la Universidad Complutense de Madrid, y Manuel Rebollo Puig, de la Universidad de Córdoba. Están considerados entre los mayores expertos urbanistas en España y su contratación supondrá para el Ayuntamiento una factura de 170.000 euros. Un 15 por ciento de esta cantidad quedará para la Universidad de Málaga, que aportará al trabajo sus fondos documentales. La mesa de contratación municipal, que tomó su decisión el pasado abril, valoró con la máxima puntuación tanto los currículos de los cuatro miembros del equipo como la metodología de trabajo propuesta.

El informe deberá elaborarse con el análisis de las sentencias que anularon el PGOU

Además de elaborar el pliego para licitar los trabajos, ese equipo -que trabajará con el apoyo de otros ocho expertos- tendrá como principal objetivo sentar las bases para la elaboración del nuevo PGOU, que el equipo de gobierno tiene previsto licitar en 2018. Además, deberá realizar un dictamen de la actual situación urbanística de la ciudad y señalar las líneas estratégicas a seguir tanto en relación con el Plan actualmente en vigor, el aprobado en 1986, como en referencia al PGOU futuro.

Para ello, tendrá que analizar las sentencias dictadas en relación al PGOU de 2010, especialmente las que lo anularon, y también los pronunciamientos judiciales referidos a acuerdos de concesión de licencias.

El informe también tendrá que analizar la incidencia de la anulación del PGOU de 2010 sobre los actos administrativos sustentados en él e incluir una propuesta sobre los edificios construidos al margen de ordenación.

Criterios de ponderación

Finalmente, el trabajo deberá establecer criterios de ponderación y valoración de las propuestas que se presenten cuando salga a licitación la redacción del nuevo Plan General. Esta parte del informe constituye el tercer bloque del trabajo licitado. El compromiso adquirido por el equipo de catedráticos es entregarlo en un plazo de seis meses a partir de la firma del contrato, que se produjo la semana pasada.

Según Pérez, una de las posibilidades que se abre es que el equipo jurídico aporte también una solución intermedia que permita avanzar hasta tanto esté concluido el nuevo Plan.

En la memoria con la que consiguió ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento de Marbella, el equipo de la UMA sostiene que el problema urbanístico de la ciudad es en realidad jurídico y propone realizar el diagnóstico con las sentencias del Supremo que anularon el PGOU y a partir de ahí determinar las posibles situaciones de ineficabilidad o fuera de ordenación sobrevenidas, la posibilidad de edificación según el PGOU, los planes de desarrollo asumidos y procedentes del Plan anterior y el suelo que deba considerarse no urbanizable.

Entre los elementos a analizar, el trabajo indica las pautas para la adaptación a la LOUA del PGOU de 1986, la activación de procedimientos de restauración de la legalidad cuando sea posible y la regularización de edificaciones ilegales.

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