El Ayuntamiento no podrá optar a la gestión del Puerto de Cabopino hasta dentro de cuatro años

Acumulación de arena junto a la bocana del Puerto de Cabopino en una imagen del pasado verano. /Josele-Lanza -
Acumulación de arena junto a la bocana del Puerto de Cabopino en una imagen del pasado verano. / Josele-Lanza -

La APPA tiene abierto un procedimiento para otorgar una concesión provisional, al que no ha optado Marbella, mientras se resuelve la adjudicación definitiva

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

La maraña administrativa en la que se encuentra envuelto el Puerto de Cabopino impedirá, al menos durante un periodo máximo de cuatro años, que el Ayuntamiento de Marbella pueda optar a su explotación, como ha solicitado a la Junta de Andalucía tras aprobar en pleno una propuesta en este sentido. Es la respuesta que desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, se da al planteamiento municipal. Este es el periodo durante el que se prevé que esté activa una concesión provisional que se está tramitando, un procedimiento de concurrencia pública que abrió la APPA en diciembre y a la que no se presentó el Consistorio marbellí, según han confirmado a este periódico fuentes de la Administración autonómica. Por tanto, la única opción que queda a Marbella para hacerse con la gestión de esta marina es esperar a que se convoque el contrato principal, aseguran, transcurrido al menos este periodo transitorio previsto de cuatro años.

Desde que hace dos años caducara la concesión otorgada hace 40 años a la empresa Marina de Cabopino para la explotación del puerto, el recinto ha entrado en situación de caída libre en la que las deficiencias y falta de mantenimiento son más que visibles. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta es la acumulación de arena en la bocana -que pide a gritos un dragado de urgencia-, de modo que en determinados momentos hace imposible el paso de barcos atracados de gran calado.

En verano de 2016, la empresa Marina de Cabopino, con el interés de continuar con la gestión, presentó un proyecto básico de actuación y un anteproyecto de explotación que fue sometido a informes preceptivos e información pública. Con fecha de 14 de diciembre del año pasado, el informe de la Dirección General de Costas puso de manifiesto que ese proyecto básico de actuación requería de una modificación sustancial con carácter previo a su aprobación, «por lo que se ha requerido al solicitante en dicho sentido, otorgándole un plazo perentorio, transcurrido el cual sin que se subsane el proyecto, se procederá al archivo del procedimiento iniciado», indican desde la APPA.

La concesión que se hizo hace 40 años a Marina de Cabopino lleva dos años caducadaLa concesionaria tiene derecho de tanteo en el nuevo procedimiento, aunque otra empresa lo ha recurrido

Mientras tanto, y a la espera de completar este procedimiento que la propia Junta de Andalucía reconoce que es «extenso y complejo», la Consejería de Fomento optó por iniciar la contratación de la concesión de gestión de servicio público para dar cobertura a esta situación transitoria a través de un procedimiento negociado con publicidad para la gestión temporal del recinto.

Esta fase tampoco ha conseguido, al menos de momento, escapar de nuevos obstáculos. Marina de Cabopino tiene derecho preferente, como establece la normativa vigente que le ofrece la posibilidad de continuar con la explotación «previa tramitación del correspondiente procedimiento, otorgando un derecho de tanteo como antiguo concesionario». Al procedimiento negociado se presentó Marina de Cabopino y otra empresa, ésta última ha recurrido el procedimiento por la vía administrativa y judicial el derecho de tanteo al que puede optar la primera. Este hecho, indican desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, está dilatando la concesión provisional.

Este puerto de la Junta de Andalucía se administra a través de la modalidad de gestión indirecta. La Administración autonómica descarta una gestión directa del mismo al entender que «entrañaría diversas dificultades porque exigiría la contratación nueva de personal, ya que la plantilla actual de la APPA no tiene capacidad para asumir dichas funciones ni para impulsar nuevas contrataciones de forma inmediata», indican.

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