El Ayuntamiento contrata un nuevo asesor jurídico para el área de grandes proyectos

El procedimiento abierto por el Consistorio se decanta por una empresa de Madrid que planteó una oferta más ventajosa que la del abogado del PSOE Jaime Olcina, que optó de nuevo al contrato

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El Ayuntamiento de Marbella buscaba un asesor jurídico para una de las áreas más importantes -la encargada de gestionar los llamados proyectos estratégicos de la ciudad- tras la salida, el año pasado, del abogado Jaime Olcina una vez finalizado el contrato que mantenía con Consistorio. Tras varios meses, el procedimiento abierto en octubre pasado está a punto de concluir una vez que se firme el contrato con la empresa que finalmente ha sido seleccionada entre las tres ofertas a estudio al presentar el precio más ventajoso sobre el establecido como base del contrato que se fijó en 42.350 euros (IVA incluido). Se trata de la firma Uriarte & Asociados, un despacho con sede en Madrid y Santander especializado en el asesoramiento jurídico-financiero al sector público.

Con una rebaja del 25,17% sobre ese precio base, la oferta de Uriarte se ha impuesto a las otras dos presentadas por Jaime Olcina y por el abogado sampedreño Juan Pedro Gutiérrez García-Torres, que habían ofrecido rebajas del 25 y del 20%, respectivamente.

La vigencia del contrato será de dos años, periodo que arrancará a partir de la formalización de dicho contrato y concluirá en mayo de 2019. Se han previsto pagos pluarianuales de 12.352 euros para 2017; 21.175 para 2018 completo, y 8.822 para los cinco primeros meses de 2019.

El contrato se firmará por dos años e incluirá un plan de pagos plurianual hasta mayo de 2019

En septiembre de 2015 el Ayuntamiento aprobaba la contratación de los servicios del hasta entonces asesor jurídico del Partido Socialista, Jaime Olcina, para quien se estipuló, según figuraba en el decreto de contratación al que entonces tuvo acceso este periódico, el pago de 21.400 euros, IVA incluido, por sus servicios, que concluyeron un año después. Su contratación fue muy discutida tanto por el principal grupo político en la oposición, el PP, como por CSSP. Ambas formaciones cuestionaron su labor dentro de la gestión municipal.

Fuentes municipales confirman que a día de hoy no existe vinculación laboral directa del abogado con el Ayuntamiento de Marbella, que mantiene su trabajo como abogado en su despacho particular y sigue asistiendo jurídicamente al PSOE de Marbella, formación de la que es secretario de Política Municipal.

Proyectos en curso y nuevos

La nueva empresa de asesoramiento tendrá como labor, según constituye el objeto del contrato, como figura en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, «las consultoría jurídica en materia de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Marbella, entendiéndose por tales aquellos que sean competencia por razón de la materia de la delegación, que tienen como finalidad establecer el conjunto de actividades orientadas a la consecución de los objetivos, previamente establecido por el gobierno, con relación a diversos asuntos de trascendencia municipal», asimismo se trabajará en el seguimiento de «aquellos otros» que ya se hubieran iniciado. Es en este punto encajaría, por ejemplo, el proyecto de La Bajadilla. De este modo, la contratación del servicio de consultoría jurídica para la delegación municipal no solo se ceñirá a las nuevas iniciativas, sino también a aquellas que ya están en curso.

Entre las obligaciones del adjudicatario se establece la necesidad de estar «a disposición del concejal en todo momento, sin distinción de la naturaleza hábil o inhábil del día en que su labor sea solicitada; debe entregar un informe mensual con las consultas y los trabajos que haya realizado; será responsable de las decisiones que tome por su iniciativa en las funciones encargadas y por las establecidas en el pliego, así como de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle; y de las reclamaciones, manteniendo indemne al Ayuntamiento de los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la formación de reclamaciones».

Además de garantizar la lógica confidencialidad en su labor, «no podrá mantener relaciones laborales o mercantiles con aquellas entidades mercantiles, personas físicas o jurídicas, que intervengan directamente en los proyectos estratégicos o sin ser estratégicos, en aquellos contemplados en el contrato. Esta prohibición se extendería a los dos años siguientes a la finalización del contrato».

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