Arranca hoy el juicio del 'caso Hidalgo' por blanqueo tras aplazarse la semana pasada

EUROPA PRESS MARBELLA.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy a los acusados en el denominado 'caso Hidalgo', sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en Marbella, tras aplazarse el inicio del juicio la pasada semana para estudiar una documentación.

Así, en la primera sesión del pasado lunes, las acusaciones-Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado-, pidieron la suspensión de la vista oral, ya que una defensa había presentado nuevos documentos que debían ser analizados. Además, otros letrados también aportaron en ese momento documentación adicional. El Tribunal acordó entonces aplazar el juicio hasta este martes para garantizar el derecho de las partes. Inicialmente, la Sala quiere celebrar la vista oral en nueve meses, con la previsión de que termine en enero del próximo año 2019.

La Fiscalía acusó en su día a 14 personas, aunque finalmente serán 12 los procesados que serán juzgados, ya que dos de ellos se encuentran enfermos. Además, en la causa, hay responsables civiles.

La Fiscalía achaca a la docena de acusados delitos contra la Hacienda Pública

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella fue el que se encargó de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, el Ministerio Público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara «las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos», buscando en algunos casos el fin de «eludir el pago de tributos».

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española (sociedad limitada) que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal -Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal -Antillas Holandesas-, según el fiscal.

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