Arranca el juicio del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en Marbella

Varios agentes, en una imagen de archivo en la vivienda de uno de los implicados./Josele-Lanza
Varios agentes, en una imagen de archivo en la vivienda de uno de los implicados. / Josele-Lanza

La Audiencia Provincial inicia hoy un procedimiento contra once acusados que se prolongará nueve meses

SUR

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga prevé iniciar este lunes el juicio por el denominado caso 'Hidalgo', en el que once personas serán juzgadas acusadas por los delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en de Marbella. Inicialmente, se han fijado 56 sesiones distribuidas a lo largo de nueve meses y la Sala prevé que la vista oral termine en enero del próximo año 2019. La Fiscalía acusó a 14 personas, aunque la previsión es que sean juzgadas once procesados, ya que uno de ellos está declarado en rebeldía y otros dos se encuentran enfermos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella fue el que se encargó de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados, el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron.

Acusación

La Fiscalía achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo Entre los procesados se encuentran letrados, asesores fiscales y clientes

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, el Ministerio Público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara «las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos», buscando en algunos casos el fin de «eludir el pago de tributos».

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española -sociedad limitada- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal (Gibraltar, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, entre otros). Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal (Antillas Holandesas). La investigación realizada puso de manifiesto, según la Fiscalía, la existencia presuntamente de «un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales».

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