La apertura de la planta de reciclaje de Marbella, pendiente del dictamen del Consejo Consultivo

Vista del Centro Ambiental ubicado en la carretera de Ojén./Josele-Lanza -
Vista del Centro Ambiental ubicado en la carretera de Ojén. / Josele-Lanza -

El Ayuntamiento necesita que el órgano andaluz le autorice a hacer uso del espacio en tanto se resuelve la anterior concesión

Nieves Castro
NIEVES CASTROMarbella

Un año y tres meses han pasado ya desde que Marbella se quedara sin un punto destinado al vertido de escombros y restos de poda de empresas y particulares. La sociedad concesionaria del Centro Ambiental de la carretera de Ojén decidió de forma unilateral dejar de funcionar tras la clausura de un vertedero ilegal anexo. Desde entonces los transportistas trasladan la carga a las plantas de tratamiento más cercanas situadas en Estepona y la Cala de Mijas, con el consiguiente incremento de los costes, mientras que el Ayuntamiento busca una solución para la reapertura. Pero cualquier paso en este sentido, en tanto se resuelve definitivamente la anterior concesión, exige antes un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía autorizando al Ayuntamiento a hacer uso del suelo que es municipal.

El concejal de Limpieza, Francisco García, que compareció ayer en rueda de prensa para hacer balance de su gestión al cumplir el equipo de gobierno el ecuador del mandato, apuntó que la resolución del contrato se encuentra enmarañada en un proceso contencioso-administrativo tras las alegaciones planteadas por la empresa después de que el Ayuntamiento le hiciera una reclamación económica en concepto de daño patrimonial. «Con el tiempo saldrá el juicio (y se podrá resolver el contrato en los términos que se determine), pero, de momento, para que el Ayuntamiento pueda hacer uso de esa instalación necesita la autorización del Consejo Consultivo de Andalucía», explicó el edil, quien concretó que se espera una resolución en torno al mes de septiembre. El concejal, que se prevé un dictamen positivo para los intereses del Ayuntamiento después de que la empresa decidiera abandonar la actividad por decisión propia y entregara las llaves, precisó que a partir de ahí será cuando se adopte la mejor solución para la reapertura de la planta mediante una gestión directa o el lanzamiento de un nuevo concurso.

Moción aprobada

El equipo de gobierno prevé que el máximo órgano de consulta se pronuncie en septiembre

Se da la circunstancia de que el en el pleno de junio el PP consiguió sacar adelante con la abstención de CSSP-Podemos una propuesta para que los extrabajadores de la planta de tratamiento de residuos de Marbella, que se habían constituido en cooperativa con el ánimo de retomar la actividad mediante una cesión directa de los terrenos puedan hacerlo mientras el equipo de gobierno define si se abre un nuevo concurso o se municipaliza el servicio. Y ello, a pesar de que recientemente tres informes de los departamentos municipales de Patrimonio, Contratación y Asesoría Jurídica han echado por tierra la posibilidad de realizar una cesión directa, entre otras cosas, al estar la planta sobre un terreno calificado como Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). Al respecto de la aprobación plenaria, el concejal de Limpieza se mostró sorprendido y afirmó que el acuerdo «no tiene validez» no sólo por la existencia de tres informes negativos, sino porque además la cooperativa ya se ha disuelto. «¿Cómo le vamos a dar una actividad a una cooperativa que no existe? Por tanto no sé que sentido tenía esa moción, que me expliquen hacia dónde nos lleva más que al juego político y demagógico», resolvió García.

Por otra parte, el concejal confirmó que el Ayuntamiento está trabajando en la búsqueda de un emplazamiento para situar un vertedero que cumpla con las exigencias medioambientales y urbanísticas, y anunció que ya se tienen identificadas varias zonas factibles. El equipo de gobierno decretó el cierre del vertedero situado junto al Centro Ambiental en abril del año pasado tras dos décadas operando sin autorización administrativa para el desarrollo de su actividad. Dadas las irregularidades que acumulaba esta instalación, la Junta de Andalucía inició un procedimiento sancionador que podría haber culminado con la imposición de una infracción tipificada como muy grave, sancionable con una multa de hasta 2,4 millones de euros.

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