Ángeles Muñoz y el vicesecretario piden que se sobresea la causa por la aprobación del PGOU

Ángeles Muñoz, ayer en Arroyo Primero.
Ángeles Muñoz, ayer en Arroyo Primero. / Josele-Lanza -

El abogado de la exalcaldesa asegura que los testimonios y pruebas recabados en la instrucción demuestran que la denuncia no se ajusta a la verdad

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

La denuncia del fiscal y la investigación abierta estuvieron justificados, pero seguir adelante tras las declaraciones de los testigos y de las pruebas aportadas a la causa, no. Así lo asegura la defensa de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un escrito dirigido al juez que instruye la causa por la supuesta falsificación de las actas del PGOU, en el que pide el sobreseimiento. También el abogado del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, ha solicitado la misma medida tras analizar las pruebas y testimonios aportados durante la instrucción y concluir que no hubo falsedad en el acta ni engaño a los concejales.

En su escrito, la defensa de Muñoz, que ejerce Salvador Guerrero, sostiene que es comprensible que en defensa de la legalidad, el Ministerio Fiscal formulase la denuncia contra su defendida que dio lugar a las diligencias en atención a las informaciones recibidas por los denunciantes iniciales, los miembros de la plataforma 'Ni un metro de Marbella para otro municipio'. Sin embargo, entiende que tras el desarrollo de la investigación judicial, «se ha puesto de manifiesto que no se ajustan a la verdad algunos de los hechos enunciados por los denunciantes a la Fiscalía» y que no existen por lo tanto indicios raciones de que se haya cometido algún hecho con apariencia delictiva. «Estando justificada la investigación realizada, nos parece totalmente correcta la intervención del Ministerio Fiscal hasta el momento, lo que no lo está es la continuación de la instrucción», sostiene el escrito, remitido al juzgado el pasado 29 de junio y al que ha tenido acceso este periódico.

La defensa de la exalcaldesa asegura que el PGOU no se modificó ni antes de su segunda aprobación provisional ni, como sostienen los denunciantes, entre la segunda aprobación y su remisión a la Junta y que la pretendida segunda modificación «se inserta simplemente en el desarrollo de los trabajos preparatorios para la segunda aprobación provisional». Los planos que se presentaron en la reunión de la comisión de Urbanismo del 12 de junio de 2009, según el escrito, nunca formaron parte de ningún acto administrativo ni fueron nunca aprobados por ningún órgano administrativo.

«Estando justificada la investigación realizada, no lo está la continuación de la instrucción»

En relación a quién modificó los planos que sirvieron para la segunda aprobación provisional del PGOU, el escrito señala que fue el equipo redactor, contratado por la Junta de Andalucía, según sus propios miembros declararon ante el juez; y en cuanto al motivo de esa modificación, el letrado señala que así fue impuesto por el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que resolvía la discusión jurídica existente sobre la posibilidad de alterar lindes. «Ello está acreditado hasta la saciedad», sostiene el escrito.

El abogado señala también que los concejales sabían que en el pleno se iba a aprobar un documento con esos cambios y que la entonces alcaldesa puso en conocimiento de los ediles la presentación de los planos reformados por el equipo redactor. «Se podría haber sido más explícito o menos, haberle dado más importancia o menos, lo que se quiera, pero todo eso no son más que consideraciones subjetivas de las acusaciones, meras opiniones que no pueden sustentar la existencia de un proceso penal».

La defensa de Ángeles Muñoz también rechaza con rotundidad que haya habido falsedad en el acta del pleno. «La mejor prueba de la inexistencia de falsedad en el acta es que esta denuncia no proviene de ningún concejal que se sintiera engañado por la misma», señala el escrito, que también recuerda que nadie impugnó el pleno ni el acuerdo adoptado.

Vicesecretario municipal

También la defensa del vicesecretario municipal, investigado en esta causa, reclama el sobreseimiento. En un escrito presentado el pasado 10 de julio, el letrado Diego Martín Reyes, que representa a De las Cuevas,explica que no hubo falsedad en el acta, que fue aprobada en la siguiente sesión sin que se interpusiera recurso alguno.

El abogado del vicesecretario hace mención al conocimiento del público en general y de los concejales acerca del contenido de los planos en cuanto a las lindes, tanto por las informaciones periodísticas publicadas en aquellos días como por el contenido de la comisión. También señala que los cambios realizados en las lindes eran exigencia de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio como requisito indispensable para que ésta aprobara definitivamente el PGOU de Marbella.

En relación con la supuesta modificación del acta, el letrado señala los momentos del pleno en que, según recoge la grabación de la sesión, su defendido hace referencia a los nuevos documentos recibidos y recuerda que en el pleno no se leen los informes aportados al expediente del PGOU, sino que se mencionan y al momento de redactar el acta se transcriben literalmente. «La diferencia entre la mención en el transcurso del pleno de lo ya conocido y la trancripción literal del informe no puede constituir falsedad alguna porque no altera la verdad en la narración de los hechos -subraya-. La falsedad es un engaño, pero no es posible el engaño a quien está perfectamente informado como era el caso de los concejales del pleno del 29 de julio de 2009».

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