Ángeles Muñoz recupera la Alcaldía de Marbella

De esta manera, Ángeles Muñoz se encamina a cumplir casi una década como alcaldesa de Marbella –con el paréntesis de los dos años en los que ha gobernado el socialista José Bernal– y se acerca a la marca de Jesús Gil, que gobernó la ciudad durante 11 años, entre 1991 y 2002.

El equipo de gobierno formado por el PP y Opción Sampedreña contará con mayoría absoluta para gobernar durante los próximos 21 meses, a diferencia del tripartito encabezado por Bernal, que contaba sólo con 12 votos (PSOE, IU y OSP) y requería de los apoyos puntuales de los dos ediles de Podemos para sacar adelante los asuntos clave.

El salón de pleno del Ayuntamiento se ha visto desbordado por el público y los invitados de los partidos. Decenas de personas se concentraron también a las puertas del edificio consistorial. Una amplia representación del Partido Popular, encabezada por su presidente provincial, Elías Bendodo, y la secretaria general, Patricia Navarro, apoyó a Ángeles Muñoz. Entre los presentes se contaban también Esperanza Oña, Joaquín Ramírez, Manuel Marmolejo y Margarita del Cid.

También José Bernal estuvo arropado por los suyos. Encabezados por número tres del PSOE andaluz, Francisco Conejo, se hicieron presentes Marisa Bustinduy, el diputado José Andrés Torres Mora, los alcaldes de Torremolinos, Benalmádena y Ojén –José Ortiz, Víctor Navas y José Antonio Gñomez respectivamente–, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la parlamentaria Marisa Bustinduy

En su intervención en el pleno, Ángeles Muñoz hizo hincapié en que el acuerdo garantiza esa estabilidad y aseguró que la ideología del nuevo gobierno será “la del sentido común y la buena gestión”. La nueva alcaldesa reivindicó la deuda histórica de inversiones que las administraciones tienen con Marbella y adelantó que reclamará tanto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asuman los compromisos pendientes con la ciudad. En ese sentido recordó la paralización del Hospital y del puerto de La Bajadilla, como así también la insuficiencia de centros educativas y de dotación sanitaria, la conexión del AVE y la construcción de espigones para la estabilización de las playas.

Muñoz adelantó que no revisará de oficio ninguna decisión adoptada en estos dos años. “No somos dogmáticos ni sectarios, habrá más medios para la oposición”, adelantó antes de señalar que no aspira la unanimidad, pero sí a una mayoría amplia y a alcanzar consensos sobre los temas fundamentales.

El pleno fue subiendo de tensión con la intervención de los portavoces municipales, especialmente el de Izquierda Unida, Miguel Díaz, y el de CSSP-Podemos, José Carlos Núñez, que fueron especialmente duros con los ediles de Opción Sampedreña, a los que acusaron de traición.

El nuevo gobierno tiene garantizada la aprobación de los presupuestos municipales y el nuevo reglamento de distritos, que junto al decreto de competencias delegadas al Teniente de Alcalde de San Pedro constituyen el núcleo del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. La Tenencia de Alcaldía, donde seguirá al frente el portavoz de OSP, Rafael Piña, controlará el 30 por ciento del presupuesto en los capítulos 2 (gastos corrientes), 4 (subvenciones) y 6 (inversiones), lo que supone unos 18 millones de euros. Tanto el alcalde saliente, José Bernal, como Ángeles Muñoz habían ofrecido a los sampedreños ese grado de autonomía, el máximo alcanzado hasta ahora en el distrito, pero sólo el PP, con sus 13 concejales, podía garantizar, en opinión de los concejales de OSP, la aprobación sin sobresaltos de los presupuestos. Precisamente el concejal de la formación sampedreña Manuel Osorio seguirá al frente de delegación de Hacienda, según el acuerdo alcanzado entre ambos partidos.

El pacto de gobierno, firmado ayer, establece la puesta a disposición de la Tenencia de Alcaldía de los recursos materiales para el ejercicio de las competencias delegadas, así como el personal necesario.

Piña ha destacado que su formación no rompió pacto alguno con sus hasta hoy socios del tripartito, ya que el acuerdo firmado en 2015 con el que se votó la investidura como alcalde del socialista José Bernal preveía una duración de dos años y su revisión al término de ese periodo. Simplemente, aseguró, no se renovó al no contar con la certeza de que habría estabilidad de gobierno durante la segunda mitad del mandato.

Tras conocerse hace dos semanas que OSP pactaría con el PP, los ediles de Podemos se ofrecieron a garantizar la aprobación de los presupuestos de 2018 y 2019, pero los sampedreños no rectificaron.

Para el regidor saliente, José Bernal, la decisión de apartarlo de la Alcaldía no ha sido suficientemente justificada. “Los vecinos de Marbella –dijo– no saben por qué se ha presentado esta moción de censura”.

En su intervención, Bernal evitó descalificar la moción de censura, a la que consideró legítima pese a no compartirla. El ya exalcalde reivindicó la gestión realizada durante estos dos años de lo que consideró “el gobierno del cambio” y destacó la aprobación del código ético y que se hayan alcanzado los mayores cotas de transparencia, así como las políticas impulsadas en el apartado social y medioambiental.

También destacó la recuperación de la autonomía para San Pedro y recordó que durante su anterior mandato el Partido Popular eliminó la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y dividió a ese territorio histórico en dos distritos. “No sé si he sido un buen alcalde, no me corresponde a mí decirlo. Si sé que he sido un alcalde bueno”, afirmó.

El nuevo gobierno presidido por Ángeles Muñoz tiene por delante importantes retos. Uno de ellos es la recuperación de la normalidad urbanística de la ciudad, que aún se rige por el PGOU de 1986 después de que el aprobado en 2010, durante su primer mandato, fuese anulado por el Tribunal Supremo. En ese sentido, uno de los compromisos del nuevo pacto de gobierno es el de ajustar a la legalidad el PGOU de 1986, con la aprobación de su texto refundido, e impulsar su revisión con la redacción de un nuevo documento. El acuerdo también señala el establecimiento de los mecanismos necesarios para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. El nuevo gobierno tiene por delante 21 meses.