La alcaldesa valora como «lo más difícil» el consenso alcanzado para el proyecto de la Ciudad de la Justicia

Foto de familia de la visita realizada al edificio el pasado noviembre. /SUR
Foto de familia de la visita realizada al edificio el pasado noviembre. / SUR

El edificio que albergará la sede judicial fue construido sobre suelo verde para albergar un hotel y las obras fueron paralizadas tras una denuncia de Carreteras

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El consenso alcanzado entre las diferentes instituciones implicadas para construir la Ciudad de la Justicia de Marbella en un edificio abandonado que forma parte del patrimonio intervenido a Juan Antonio Roca ha sido lo más difícil de conseguir desde que se comenzó a impulsar este proyecto. Esa es la valoración que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, hace del camino recorrido desde que el Ayuntamiento empezó a impulsar esta idea, que para salir adelante requiere del acuerdo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y otras partes implicadas, como el tribunal del 'caso Malaya' y la administración judicial de los bienes intervenidos a Roca.

Muñoz destacó ayer «la voluntad de todas las instituciones para que Marbella pueda contar con el Palacio de Justicia que se merece» y explicó que el Ayuntamiento cedería a la Junta de Andalucía el edificio donde se ubicarían todas las sedes judiciales de la ciudad. «Es un gran proyecto en el que llevamos meses trabajando y que permitirá solucionar la situación actual de los juzgados debido a su dispersión y al volumen de litigiosidad de un municipio con más de 150.000 habitantes», afirmó.

Muñoz recordó que cuando se trasladó la propuesta a la Consejería de Justicia e Interior se obtuvo una respuesta favorable y destacó que también se ha contado con el respaldo de la Audiencia Provincial, de jueces y de fiscales. También valoró «la sensibilidad» del Gobierno central, que ahora debe autorizar al Ayuntamiento para que este inmueble, que actualmente está incautado, pueda destinarse a equipamiento público y no a solventar la deuda con Seguridad Social y Hacienda en virtud del acuerdo alcanzado en 2012 entre ambas administraciones.

«Es un gran proyecto en el que llevamos meses trabajando», aseguró la alcaldesaLa construcción del edificio, destinado a hotel, fue paralizado por su ilegalidad urbanística

Tramitación

«Una vez que el Ayuntamiento disponga de esa edificación, se podrá formalizar la tramitación necesaria para que tenga la calificación urbanística correcta y pueda cederlo a la Junta de Andalucía para que inicie el proyecto», ha destacado la alcaldesa. «Lo más difícil -dijo- ya está hecho, que ha sido el consenso entre las distintas instituciones, y ahora hay que seguir dando los pasos que permitan que Marbella tenga a corto o medio plazo un Palacio de Justicia».

El pasado noviembre, cuando el equipo de gobierno municipal ya llevaba algún tiempo trabajando en el proyecto, desde el Ayuntamiento se organizó una visita al edificio a la que asistieron, entre otros, José Godino, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga -tribunal del 'caso Malaya-; el fiscal jefe de área de Marbella, Julio Martínez Carazo; el juez decano de Marbella, Ángel Sánchez, y representantes de otras entidades implicadas, como la administración judicial de los bienes incautados a Roca y el Colegio de Abogados. El objetivo de la visita, que se realizó bajo la más absoluta discreción, fue que todos los sectores implicados conocieran el edificio para valorar si se ajustaba a las necesidades de la administración de justicia.

El edificio se levanta en una zona calificada como Parques y Jardines en el PGOU de 1986 y estaba destinado a ser un hotel. La construcción, promovida por el grupo de empresas de Ávilas Rojas, fue paralizada tras una denuncia formulada por la Demarcacíón de Carreteras, ya que además de estar en zona verde invadía la zona de afección de la autovía. Pese a que la promoción había sido desarrollada por Ávila Rojas, posteriormente se comprobó que el inmueble formaba parte del multimillonario patrimonio intervenido a Roca.

Se trata de uno de los tantos edificios que tras la anulación del PGOU de 1986 y al no concretarse la ejecución del mecanismo de regularización previsto en ese documento quedó en un limbo jurídico. Su aprovechamiento para Ciudad de la Justicia requeriría, además de obras en el exterior y en el interior del edificio, cumplimentar trámites urbanísticos para su regularización.

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