El abogado de Julián Muñoz recurre su privación de libertad y la retirada del control telemático

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz se abraza a sus hijas, Eloisa (i) y Elia (d), a la salida la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (archivo)./EFE
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz se abraza a sus hijas, Eloisa (i) y Elia (d), a la salida la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (archivo). / EFE

La defensa del exalcalde de Marbella alega falta de motivación y afirma que «no ha incumplido nada»

JUAN CANO y ALVARO FRÍASMálaga

La libertad le ha durado bien poco a Julián Muñoz. Menos de un año, para ser exactos. En febrero de 2017, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acordó, en atención a su estado de salud, que el exalcalde de Marbella podía cumplir su tercer grado residiendo en su domicilio y con un control telemático. Pero ha bastado un vídeo en el que aparece en un pub, bailando sevillanas con cierta agilidad, para que se lo retiren. Desde ayer, vuelve a estar privado de libertad.

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El teléfono sonó a primera hora de la mañana. La llamada procedía del Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras, encargado de hacer el seguimiento de Muñoz. Su interlocutor le ordenaba presentarse en el CIS inmediatamente. Y así lo hizo.

Al llegar, le retiraron directamente la pulsera de control telemático con la que se han estado controlando sus movimientos en el último año y le indicaron que volvía a quedarse en una de las habitaciones del CIS hasta nuevo aviso. Está allí desde las 12 del mediodía de ayer «sin que se le haya entregado notificación alguna» sobre el cambio de su situación, se queja su abogado en asuntos penitenciarios, Antonio García Cabrera, que ha presentado ante el juez un recurso por lo que considera un «atropello jurídico». Alegan falta de falta de motivación y sostienen que Muñoz que «no ha incumplido nada». Tachan la decisión de «desproporcionada, arbitraria y caprichosa».

A falta de concretar los matices del cambio de régimen dentro del tercer grado, que al cierre de esta edición ni el propio abogado ni su familia conocían por la ausencia de documento que lo explique, Julián Muñoz deberá permanecer en el CIS las 24 horas y, para salir, deberá solicitar permisos que se entiendan justificados, como ahora –salvando las distancias– le ha ocurrido a Juan Antonio Roca, que tras conseguir el tercer grado podrá salir de la cárcel durante el día para colaborar con Cáritas.

Control telemático

García Cabrera considera que Muñoz no ha cometido infracción alguna para que le sea revocado el control telemático y opina que dicha decisión de Instituciones Penitenciarias es «arbitraria», ya que, insiste, «no se le ha comunicado motivo alguno».

En febrero del año pasado, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional decidió aplicarle un tercer grado «acorde con el estado de salud y la situación personal del interno», que, «sin que se convierta en una suerte de arresto domiciliario», le exime de pernoctar en el centro, pero establecía un control telemático y le obligaba a acudir al establecimiento penitenciario el tiempo que se determine para entrevistas y controles.

Informes médicos

El juez tuvo en cuenta los informes médicos de Muñoz, en los que se señala que presenta pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio, «que no es previsible mejoría» y que su pronóstico vital «es desfavorable a medio plazo», apuntando que precisa de controles médicos «de por vida»; de forma que se señala que dicha patología «es crónica e irreversible».

El motivo, en cualquier caso, parece claro. El cambio de régimen se produce solo una semana después de que El Español hiciera público un vídeo en el que Julián Muñoz aparece jovial bailando sevillanas con una amiga en el bar de copas Trafalgar, en Calahonda. Esa misma semana había sumado una nueva condena, esta vez a seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales en el ‘caso Minutas II’.

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