El PSOE pide reincorporar a las 16 despedidas de Ayuda a Domicilio

  • El Ayuntamiento recurrió las sentencias y afirma que intenta que no se consoliden como fijo el personal que no haya realizado oposiciones

Hasta la fecha, son nueve los despidos improcedentes y uno nulo que han dictado juzgados de Málaga sobre las 16 trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio que terminaron su relación laboral con el Ayuntamiento el pasado mes de agosto y que decidieron llevar esta decisión a los tribunales. Todas estas sentencias están recurridas por el Consistorio ante el TSJA, pero el PSOE pidió ayer al equipo de gobierno que acate «de manera inmediata» las resoluciones que se están produciendo en beneficio de los empleados públicos.

« Las sentencias están para cumplirse y su cabezonería de seguir planteando batallas judiciales está suponiendo un perjuicio económico claro para las arcas municipales además de un desprecio absurdo e innecesario a los empleados afectados», exigieron ayer los socialistas al alcalde a través de un comunicado.

«El mismo equipo de gobierno que se hace fotos en la conmemoración de días internacionales a favor de los derechos igualitarios de la mujer es el que de hurtadillas, y con el silencio cómplice de muchos y muchas, está pisoteando los más elementales derechos de las mujeres en un desprecio absoluto a las más elemental sensibilidad que cabe exigir a un cargo público», añadieron.

1.300 euros diarios

Por otro lado, el PSOE recordó que la negativa del PP local a acatar las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento a la readmisión de los 16 trabajadores despedidos y al abono de sus salarios desde la fecha de sus despidos, suponía al Ayuntamiento un coste diario por sus sueldos de 1.300 euros «o lo que es lo mismo, 30.000 euros mensuales».

Por su parte, el Consistorio afirmó que estas sentencias aún no son firmes y que las trabajadoras fueron empleadas a través de una bolsa de empleo para realizar contrataciones de forma abierta, rotatoria y nunca por un plazo superior a los 12 meses. Además, explicaron que recurrían la sentencia «para evitar que se consoliden como personal fijo de la administración pública personas que no hayan superado oposiciones públicas».

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