Diario Sur

Un juzgado abre diligencias por presuntos delitos en la contratación de cargos del PP

El portavoz municipal, Javier Porcuna, y el responsable de Personal, Daniel Pérez, con la documentación requerida por el juez. :: j.prieto
El portavoz municipal, Javier Porcuna, y el responsable de Personal, Daniel Pérez, con la documentación requerida por el juez. :: j.prieto
  • El juez Gonzalo Dívar, que se ha hecho cargo de la instrucción, aprecia posible prevaricación y malversación de fondos y solicita documentación al tripartito

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella ha incoado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en contrataciones efectuadas por el anterior gobierno municipal del PP a 12 personas que contaban con contrato de cargos de confianza y alta dirección. Así consta en el escrito remitido al Ayuntamiento, con fecha del pasado 18 de abril, en el que no se pone aún nombre y apellidos a los presuntos responsables que serán determinados, indica, «en el transcurso de la causa».

El equipo de gobierno tripartito ha tenido que indemnizar o readmitir a doce personas que fueron contratadas durante el gobierno del PP como personal de alta dirección o cargos de confianza, que cesaron en su cargo con el cambio de gobierno y que, sin embargo, han ganado procedimientos judiciales que han dado lugar a su readmisión o a ser indemnizados. «El equipo de gobierno entendió que ello suponía un perjuicio para el Ayuntamiento» y, por ello, indicó el portavoz municipal, Javier Porcuna, se dio cuenta a la Fiscalía.

El Consistorio marbellí había convocado para ayer la celebración de una Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se iba a dar cuenta, precisamente, de un escrito del Fiscal Jefe del área de Marbella, solicitando diversa información sobre el caso. Un trámite que, aseguró Porcuna, ha coincidido en el tiempo con el documento del juzgado en el que se anuncia la incoación de las diligencias previas al percibir su titular, Gonzalo Dívar, dos presuntos delitos. Según hace constar en sus razonamientos jurídicos, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Igualmente se añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable», indica el juez en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Por ello, se dispone la incoación de «diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal».

El juzgado ha requerido al Ayuntamiento diversos documentos: cada uno de los expedientes de contratación de las personas, así como copia de las sentencias de juzgados de lo Social o del TSJA acordando su readmisión; copia de los informes jurídicos elaborados por el servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella sobre dos personas en concreto; así como el informe del Consejo Consultivo de Andalucía que se emitió en diciembre de 2015 sobre una de ellas.

«Entre el primer escrito del Fiscal y el del juzgado hay una diferencia clave, que es que ya se incoan diligencias previas y define presuntos delitos», apuntó el portavoz municipal. «El juez va por la vía que se planteó desde el área de Recursos Humanos y desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y que es que efectivamente podría existir delito en cómo se hicieron y se resolvieron las contrataciones», señaló.

Críticas a Muñoz

El escrito indica que será el curso de la investigación el que ponga nombre y apellido a la persona o personas que pudieran ser responsables, pero Javier Porcuna señalaba ayer a la exalcaldesa Ángeles Muñoz, a la que ha citó afirmando que «sabemos que fue ella la que firmó si no todos, sí buena parte esos contratos». Para el portavoz municipal, «el panorama judicial se le complica bastante a Ángeles Muñoz. Al caso del PGOU (que también instruye el juez Dívar), se le suma ahora un asunto como éste».

Porcuna fue especialmente crítico con la exalcaldesa y senadora popular, a la que pide que reflexione sobre «lo que puede aportar a su partido, pero también sobre el enorme daño que le hace. Tendrá que ser ahora la señora Muñoz la que tenga que dar una explicación con un mínimo de coherencia sobre el caso. Ha venido restando importancia hasta ahora a este asunto diciendo que no había materia jurídica. La Fiscalía y el juez creen que sí».

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