Un juzgado de Marbella aprecia presuntos delitos de prevaricación y malversación en contratos de cargos del PP

Javier Porcuna y Daniel Pérez.
Javier Porcuna y Daniel Pérez. / Jesús Prieto
  • El tripartito trasladó a la Fiscalía doce casos de contrataciones irregulares

El juzgado de instrucción número 3 de Marbella ha incoado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en las contrataciones efectuadas por el anterior gobierno del PP_de hasta 12 personas con contrato de cargos de confianza y alta dirección. Así consta en el escrito remitido al Ayuntamiento en el que no se pone aún nombre y apellidos a los presuntos responsables que serán determinados, indica, «en el transcurso de la causa».

El equipo de gobierno tripartito ha tenido que indemnizar o readmitir a doce personas que fueron contratadas durante el gobierno del PP como personal de alta dirección o cargos de confianza y que cesaron en su cargo con el cambio de gobierno y que, sin embargo, han ganado procedimientos judiciales que han dado lugar a su readmisión o a ser indemnizados. «El equipo de gobierno entendió que ello suponía un perjuicio para el Ayuntamiento», y por ello, ha indicado el portavoz municipal, Javier Porcuna, se dio cuenta a la Fiscalía.

El Consistorio marbellí había convocado para hoy la celebración de una Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se iba a dar cuenta, precisamente, de un escrito del Fiscal Jefe del área de Marbella, solicitando diversa información sobre el caso. Un trámite que, ha indicado Porcuna, ha coincidido en el tiempo con el documento del juzgado en el que se anuncia la incoación de las diligencias previas al percibir el titular del juzgado, Gonzalo Dívar, dos presuntos delitos.

El juzgado ha requerido al Ayuntamiento diversos documentos: cada uno de los expedientes de contratación de las personas y copia de las sentencias de juzgados de lo Social o del TSJA acordando su readmisión, copia de los informes jurídicos elaborados por el servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Marbella, sobre dos personas en concreto; así como el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que se emitió en diciembre de 2015.

«Entre el primer escrito del Fiscal y el del juzgado hay una diferencia clave, que es que ya se incoan diligencias previas y define presuntos delitos», apunta el portavoz municipal. «El juez va por la vía que se planteó desde el área de Recursos Humanos, y desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y que es que efectivamente podría existir delito en cómo se hicieron y se resolvieron las contrataciones», ha señalado.

El escrito indica que será el curso de la investigación el que ponga nombre y apellido a la persona o personas que pudieran ser responsables, pero Javier Porcuna ha señalado hoy a la exalcaldesa Ángeles Muñoz, a la que ha citado afirmando que «sabemos que fue ella la que firmó si no todos, sí buena parte esos contratos», asegura. Para el portavoz municipal, «el panorama judicial se le complica bastante a Ángeles Muñoz. Al caso del PGOU (que también instruye el juez Dívar), se le suma ahora un asunto como este».

Porcuna ha sido especialmente crítico con Ángeles Muñoz, a la que ha pedido que reflexione sobre «lo que puede aportar a su partido, pero también sobre el enorme daño que le hace. Tendrá que ser ahora la señora Muñoz la que tenga que dar una explicación con un mínimo de coherencia sobre el caso».

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