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Jueves, 30 de marzo 2017, 00:57
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Cuando se cumplen once años de las primeras detenciones por la entonces presunta corrupción en Marbella, el procedimiento judicial, que provocó la disolución del Ayuntamiento marbellí, se encuentra en su última fase, la de ejecución de la sentencia que condenó a más de 40 personas, trámite que incluye la recuperación de la mayor cantidad posible de dinero.
La operación policial comenzó el 29 de marzo de 2006 en una primera fase, a la que sucedieron otras dos, llegando en total a más de 100 detenidos, entre ellos el exasesor de Urbanismo y principal condenado, Juan Antonio Roca; la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde y exedil socialista, Isabel García Marcos. En la sentencia, dictada en octubre de 2013 por la Audiencia de Málaga y confirmada en julio de 2015 por el Tribunal Supremo, se condenó a más de 40 personas, a las que se les impusieron penas de prisión y multas millonarias en muchos casos, como el de Roca, que superó los 200 millones de euros.
Tras la instrucción, el juicio y los recursos ante el Tribunal Supremo, el 'caso Malaya' pasó en enero del pasado año 2016 a la siguiente fase, la de ejecución de la sentencia, mediante un auto en el que se acordaba el cumplimiento de la prisión de una veintena de condenados con penas superiores a los dos años de cárcel. Desde el Tribunal y la Fiscalía siempre han sostenido la «dificultad» que conllevan estos trámites de ejecución de sentencia, más en este caso; pero también han considerado una «prioridad» recuperar la mayor cantidad de dinero posible, para lo que se ha encomendado a los investigadores iniciales de 'Malaya' que localicen patrimonio de los condenados. En el caso de los condenados a menos de dos años de prisión, la Sala, tras estudiar caso por caso, ha acordado ya la sustitución de esa pena privativa de libertad por el pago de una multa respecto de una decena de acusados, apuntando en dichas resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, que esto obliga al condenado a «hacer un esfuerzo económico real».«Así, hay casos en los que el condenado entrega su vivienda familiar, vehículos, dinero intervenido, trastero, plazas de garajes y se compromete a abonar mensualmente una cantidad -a modo de hipoteca- hasta el pago íntegro de la multa impuesta», dice el Tribunal, que marca en cada caso un calendario adecuado a cada circunstancia.
En esas resoluciones, el Tribunal ha venido señalando que el primer hecho objetivo del que parte es la gravedad de los hechos del caso, que reflejó «un ámbito generalizado de corrupción municipal», hasta el punto de disolverse el Consistorio, y que supuso un «gravísimo perjuicio para las arcas del Ayuntamiento de Marbella que resultaron esquilmadas, generando para sus habitantes un endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente».
En el caso de Roca, condenado a 17 años de prisión y el pago de casi 250 millones de euros de multa, la Sala, de forma pionera, puso en marcha en febrero de 2016 la web www.ventadebienesmalaya-roca.com, en la que se muestran los bienes que le fueron embargados con el fin de darles difusión y poder subastarlos. A principios de 2017 ya se habían vendido bienes inmuebles por valor de unos 4,5 millones de euros y bienes muebles por casi medio millón de euros. El montante que se va obteniendo va a cubrir las responsabilidades civiles. Se han pagado unos 15 millones de euros, bien al Ayuntamiento, bien a la Agencia Tributaria o como cuotas de la Seguridad Social, IVA y otros impuestos.
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