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Héctor Barbotta
Martes, 7 de febrero 2017, 01:17
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La documentación que el equipo de gobierno remitió al juez que investiga el caso de supuesta falsedad en las actas de pleno en el que se aprobó el PGOU es la misma que ya tenía el fiscal. El pasado 12 de diciembre, el instructor, titular del Juzgado número 3 de Marbella, remitió un oficio al Ayuntamiento de Marbella en el que requería la entrega del original o la copia del escrito con registro de entrada 63.630, donde figura la documentación y los planos modificados en la víspera del pleno y que conforman el núcleo de la presunta falsedad que se investiga. Esta documentación, tal y como informó este periódico ayer, no llegó a manos del juez hasta el pasado 4 de enero.
Sobre la base de esta información, el Partido Popular acusó ayer al equipo de gobierno municipal de mala fe y de actuar con intencionalidad política «al demorarse casi dos años» en trasladar a la administración de justicia los documentos que acreditan que los cambios en los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se introdujeron a instancias del equipo redactor y no de la entonces alcaldesa Ángeles Muñoz.
La documentación, sin embargo, es la misma que ya había sido remitida al fiscal, sin que consten los motivos de por qué el juez instructor la ha requerido nuevamente.
Dos grupos de documentos
Se trata de dos grupos de documentos que figuran con el mismo registro de entrada en el Ayuntamiento el mismo día del pleno en el que se aprobó el PGOU, el 29 de julio de 2009. Por un lado un informe del equipo redactor sobre los terrenos sobre los que debía mantenerse la suspensión de licencias y por el otro, los cambios acordados en una reunión celebrada en el víspera en la Dirección General de Urbanismo de la Junta, entre los que figuraban modificaciones en 22 planos.
Ambos documentos fueron requeridos por el juez el pasado 12 de diciembre y entregados por el Ayuntamiento el 4 de enero. El segundo grupo de documentos, según la nota remitida por el alcalde al juez instructor, se encontraba entre los borradores guardados en la carpeta correspondiente al pleno del 29 de julio de 2009.
El PP mantuvo ayer la acusación de que el gobierno municipal no remitió en su día esos documentos a la Fiscalía y que en su opinión son cruciales porque, según el concejal del PP Félix Romero "acreditan que los cambios que se introdujeron en el PGOU y que se aprobaron en el pleno fueron remitidos e introducidos por el equipo redactor, y nunca por el Ejecutivo de Ángeles Muñoz».
En ese sentido, precisó que los planos que, «según el PSOE se habían falsificado, son modificaciones instadas y realizadas por el equipo redactor, en el ejercicio de sus competencias, consensuadas con la Junta de Andalucía y remitidas al Ayuntamiento unas hora antes de la celebración del pleno de la aprobación provisional del PGOU».
De igual modo, el también parlamentario ha recordado que en septiembre de 2016, el PP mostró ese documento, aunque no disponía del original porque estaba en el Ayuntamiento, «y que el tripartito de Bernal, no solo no lo aportó entonces a la causa, sino que ha evitado su remisión hasta que se ha visto obligado por un requerimiento judicial».
Por su parte, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha asegurado que «los datos que se van conociendo tras la investigación del juez sobre los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ponen más en jaque a la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz».
Teoría de la conspiración
La edil ha señalado que «Muñoz una vez más miente porque en esta semana, ante un evento nacional de su partido, intenta deshacerse del proceso judicial en el que se encuentra inmersa, manteniendo una teoría de la conspiración que es absolutamente mentira».
Así, Pérez ha afirmado que «el documento del que hoy habla el PP es el mismo que mostró en septiembre de 2016, cuya transcripción se recoge en dos momentos en el acta de la Fiscalía; el primero de ellos, en la transcripción del acta de Pleno y la segunda como documento aportado».
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