El Ayuntamiento de Marbella llevará a los tribunales la contratación irregular de cargos de confianza durante la etapa del PP

El Ayuntamiento de Marbella llevará a los juzgados a la exalcaldesa Ángeles Muñoz por la presunta contratación irregular de 12 cargos de confianza durante su mandato. Se trata de contrataciones que aparentemente se enmascararon como personal de alta dirección cuando en realidad estaban destinadas a personas que cumplieron otro tipo de funciones, con retribuciones más altas que otros empleados municipales que desarrollaban las mismas tareas.

La junta de gobierno local aprobó ayer solicitar a la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento un informe para determinar en qué tipo de infracciones penales o de otro tipo podría haber incurrido la exalcaldesa. Una vez que el informe esté concluido, remitirá a la Fiscalía la correspondiente denuncia.

Según han explicado el portavoz municipal, Javier Porcuna, y el responsable de Personal, Daniel Pérez Moreno, en todos los casos los contratos se realizaban a través de empresas públicas o de organismos autónomos locales pero los trabajadores cumplían funciones en el Ayuntamiento. Los contratos se realizaron a través de las sociedades públicas del Palacio de Congresos, la Sociedad de Transportes, la Radio y Televisión municipal y el Puerto Deportivo. Según Pérez Moreno, la exalcaldesa, que estaba al frente de todas estas entidades y cuya firma aparece en los contratos, podría haber incurrido en delitos de prevaricación o contra la administración pública.

Después de las elecciones municipales y el cambio de gobierno, estas personas fueron despedidas, pero tuvieron que ser reincorporadas con todos sus derechos tras denunciar al Ayuntamiento y conseguir sentencias favorables en los juzgados de lo laboral. Ahora pertenecen a la plantilla municipal con contratos indefinidos.

En algunos casos, estos trabajadores aportaron en los juicios cartas de recomendación firmadas por Ángeles Muñoz en las que la exregidora reconocía que habían trabajado para el Ayuntamiento, y en otros, intercambios de correos electrónicos en los que se les daban instrucciones sobre los trabajos que debían realizar en el Consistorio. Esas pruebas, que están incorporadas a las sentencias que les han permitido volver al Ayuntamiento, serán utilizadas por el gobierno municipal en su denuncia contra Ángeles Muñoz.

El Ayuntamiento estima en 400.000 euros el perjuicio patrimonial que ha sufrido por esta situación, de los que 100.000 euros corresponden a indemnizaciones ya pagadas y otros 300.000, a salarios de tramitación durante el periodo en que han durado los juicios laborales.

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