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Rafael Duarte. :: josele-lanza
Ocho años bajo sospecha

Ocho años bajo sospecha

El juez reconoce cuando está a punto de concluir la instrucción, que no hay indicios racionales para continuar con el procedimiento contra estos investigados

HÉCTOR BARBOTTA

Sábado, 21 de enero 2017, 01:14

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«Hay que distinguir lo que son indicios racionales de criminalidad de conjeturas sobre la presunta participación de los sujetos referidos en los hechos investigados». Con estas palabras recogidas en escasas tres líneas del auto dictado el pasado jueves, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona acabó con la zozobra, las sospechas y en algunos casos el ostracismo social y profesional de 18 personas que a partir del verano de 2008 se vieron implicadas en el 'caso Astapa', el macroprocedimiento sobre la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.

SOBRESEIDOS

  • uRafael Duarte (exconcejal de Urbanismo), Patricia Rojo (excoordinadora de Urbanismo), Andrés Flores (exjefe de Urbanismo), Rafael Montesinos (exconcejal), Gustavo Rubio (secretario municipal), María Paz Andrades García (exdirectora de Cultura), María González Macías, Manuel Antonio Barrientos González, Encarnación Barrientos Segura (madre, hermano y prima del exalcalde), José Antonio Macías Prieto (trabajador municipal), Enrique Pallarés Muñoz (exescolta de Barrientos) Inmaculada Martinez Cintrano, Ramón Burgos Ledesma, María Tábata González (empresaria), Celestino Pino (familiar de un exconcejal), Ignacio Pérez de Vargas (abogado), Patricia Calvo de Heras (empresaria), Manuel Simón (empresario).

Durante todo este tiempo, en el que cinco jueces han pasado por la causa, la instrucción ha sido objeto de críticas -la más llamativa fue la que lanzó en 2015 el consejero de Justicia, Emilio de Llera, quien la calificó de «insuficiente e ineficaz»-y los informes policiales que dieron lugar a la investigación, cuestionados por su aparente falta de rigor.

También durante todos estos años, los informes anuales del TSJA pusieron de manifiesto la falta de medios de los juzgados de Estepona, cuyas consecuencias se hicieron sentir en una macrocausa que aún al día de hoy mantiene más de un centenar de imputados.

Pero ha sido el actual juez instructor, Jesús Torres Núñez, quien en un auto dictado el pasado jueves, y del que este periódico informó ayer, ha vuelto a dar lo que puede entenderse como una señal de alarma sobre el trabajo de sus antecesores.

La resolución, que resuelve una petición realizada tres días antes por el fiscal para que se sobreseyera la causa para 16 de los investigados, establece el sobreseimiento para 18 de ellos. La fundamentación del juez es una buena muestra de los errores cometidos en los primeros años de instrucción, que tuvieron consecuencias graves para las personas afectadas.

El juez señala que en la recta final del procedimiento hay que distinguir qué son indicios racionales de criminalidad y qué, meras conjeturas. Así, en el caso de seis de estas personas, ligadas al área de Urbanismo durante el gobierno del alcalde socialista Antonio Barrientos, la resolución judicial indica que hay que distinguir en su conducta si realmente llegaron a obtener dinero público de manera ilícita y en caso de no observarse esta conducta, si tenían poder de decisión al respecto. El juez concluye que habiéndose llegado prácticamente al final de la instrucción, «no se constatan indicios que justifiquen la prosecusión del proceso penal» contra ellos.

Peritajes

En el auto, el juez señala que estas personas o no tenían poder de decisión, o se limitaban a cumplir funciones regladas y fiscalizadas, o estaban imputadas por meras conjeturas, o los peritajes realizados sobre su patrimonio no habían encontrado indicio alguno de irregularidad.

Pero donde la consideración del juez resulta más explícita es en el apartado en el que resuelve el archivo del proceso para dos investigados cuyo sobreseimiento no había sido solicitado por el fiscal: el exconcejal de Urbanismo Rafael Duarte y el abogado Ignacio Francisco Pérez de Vargas.

En el caso del primero, prestigioso abogado especializado en Urbanismo, miembro en su día de la gestora del Ayuntamiento de Marbella y en el momento de su imputación concejal de Urbanismo de Estepona, el instructor señala de manera explícita que «le queda patente la honorabilidad de este investigado».

A Duarte, que ha permanecido durante ocho años en calidad de imputado, no se le constata, según el juez, «ni una resolución injusta desde el punto de vista de sus cometidos». Más aún, el instructor explica que durante su época como concejal no se realizó ni una sola valoración de aprovechamientos urbanísticos, cuestión sobre la que gira toda la causa. El auto señala también que el propio Duarte fue quien puso de manifiesto un funcionamiento en el ámbito del urbanismo «que no compartía con su filosofía y quehacer profesional».

Sobre Pérez de Vargas, indica asimismo que no se acredita que haya cometido hecho delictivo alguno y que en el convenio urbanístico por el que estaba siendo investigado han quedado en evidencia «errores manifiestos y reconocidos por la perito judicial».

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