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La Junta retira la concesión de La Bajadilla y aboca el proyecto a un callejón sin salida

La ampliación del puerto de La Bajadilla sigue esperando desde hace cinco años.
La ampliación del puerto de La Bajadilla sigue esperando desde hace cinco años. / Josele-Lanza -
  • El Ayuntamiento pretendía presentar hoy al grupo Damac, de Dubai, como nuevo inversor dispuesto a asumir la ampliación del puerto

Si no se consigue enderezar el rumbo con celeridad, el que estaba llamado a ser uno de los proyectos náuticos más emblemáticos de España estará abocado a un callejón sin salida. La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha resuelto el contrato de ampliación del puerto de La Bajadilla suscrito en 2011 con la empresa NAS Marbella, S.A. -concesionaria del puerto, en la que una mercantil del jeque Al Thani es accionista mayoritaria- por incumplimiento grave de las obligaciones esenciales, consistentes, por una parte, en el no inicio de las obra y, por otra, en la falta de pago del canon concesional.

La decisión, que ha levantado un fuerte revuelo en la ciudad, supondría iniciar todo el procedimiento de cero, con la convocatoria de un nuevo concurso público. Aunque previamente el expediente de rescate se enfrenta a otras amenazas, como la posibilidad de que el jeque presente un Contencioso-Administrativo que dilataría la solución durante años.

En cambio, el Ayuntamiento -confiado en un oficio que le daba de plazo hasta el 29 de noviembre- pretende presentar cuanto antes en Sevilla el acuerdo que había cerrado esta misma semana con el grupo Damac, considerado una de las mayores inmobiliarias del Golfo Pérsico, con sede en Londres (donde cotiza en bolsa) y Dubái, para que éste pase a sustituir a NAS Marbella como inversor al frente de la iniciativa. La compañía ya disponía de los avales necesarios, por un valor de 21 millones de euros (que es la deuda de la concesionaria); así como una 'due diligence' (auditoría) a cargo de un despacho de abogados de Londres para certificar su solvencia, según pudo saber SUR de fuentes cercanas a la negociación. Previamente, además, hubo contactos telefónicos con responsables de la APPA para informarles del interés empresarial.

La decisión de la Consejería de la rescisión del contrato con Nas Marbella ha sido refrendada por el Consejo Consultivo, que el pasado 15 de noviembre emitió un dictamen favorable a la medida ante los incumplimientos de la concesionaria, que lleva más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y que no ha pagado el canon correspondiente a parte de 2015 y el año 2016.

Desde los inicios de la concesión, sostienen desde la Junta de Andalucía, se han venido produciendo situaciones irregulares, debido principalmente a las reticencias del concesionario a acometer la inversión. En ese sentido, defienden, existe un retraso en la entrega del proyecto superior a los cuatro años, a pesar de los numerosos requerimientos realizados por la Administración autonómica a la concesionaria. A la fecha de la resolución, «no se ha tenido conocimiento siquiera, a pesar de los numerosas y reiteradas solicitudes, del equipo redactor ni de la progresión de los trabajos».

En la resolución se recoge que la demora en la presentación del proyecto por parte del concesionario deriva de una actitud dilatoria, «pretendiendo perpetuar una situación meramente coyuntural y transitoria como es la gestión de la dársena en funcionamiento entregada como parte del título otorgado, construida por la Junta de Andalucía», indican.

En ese sentido, el Consejo Consultivo ha considerado evidente que la entrega del proyecto de construcción es una obligación esencial, pues sin el mismo no puede iniciarse la obra objeto del contrato. Además, el dictamen recoge que no se aprecian causas que justifiquen tal incumplimiento, asegurando que la concesionaria presenta alegaciones «que no conciernen a la obligación referida y que en todo caso han sido contestadas debidamente por la Administración autonómica». Sobre la propuesta de modificación del proyecto presentada por la empresa, el Consultivo establece que se realizó más de dos años después de finalizar el plazo para su entrega y que dicha propuesta fue «justificadamente rechazada» por la Administración al considerar que se trataba de un cambio sustancial del proyecto básico presentado a la licitación.

El otro motivo en el que se sustenta resolución del contrato para la ampliación del puerto es el impago de la retribución concesional. Desde la Junta se defiende que es «una obligación esencial del contrato» y, aseguran, está acreditado un impago por plazo superior a un año que asciende a 1,4 millones de euros.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la concesionaria podrá interponer recurso de reposición ante la Agencia de Puertos de Andalucía en el plazo de un mes o bien interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses si lo estima conveniente. Una vez extinguida la vigencia del contrato, revertirá a la comunidad autónoma los bienes públicos entregados en concesión.

La Consejería Fomento y Vivienda anuncia ya que rescatará así la concesión con el objetivo prioritario de dar cumplimiento a la legalidad, en primer lugar, y en última instancia de promover la ampliación del puerto de Marbella, «como medida fundamental para potenciar el desarrollo turístico y la creación de empleo en este municipio, y para ello emprenderá cuantas acciones sean necesarias». Esta fórmula, sin embargo, dilataría el proyecto dado que habría que abrir un nuevo procedimiento.

Segundo expediente

Fue en agosto de este año cuando la Junta de Andalucía iniciaba el expediente para resolver el contrato de la concesión de La Bajadilla. Era el segundo, después del abierto en 2013 que se terminó archivando. En una reunión en Sevilla entre una representación municipal encabezada por el alcalde José Bernal y el concejal de Proyectos Estratégicos, Javier Porcuna, y el director gerente de la Agencia de Puertos, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se constató que el objetivo primordial de ambas instituciones seguía siendo el de la ampliación del puerto para potenciarlo como referente turístico.

Lejos de suponer una medida para acelerar un proyecto estancado desde hace cinco años, la rescisión del contrato abre la puerta a un panorama incierto. El proyecto, presentado en su día como la puerta por la que la oferta turística de la Costa del Sol entraría al siglo XXI, terminó encallando al poco tiempo en los incumplimientos por parte de la sociedad del jeque, incluido el pago del proyecto a su autor, el arquitecto José Seguí, que presentó una demanda por impago que acabó con el embargo de las acciones del jeque.