Diario Sur

El alcalde viajará a Sevilla para defender la opción de dar entrada a un nuevo inversor

La resolución de la Junta de Andalucía ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno - confiado en un oficio que le daba de plazo hasta el día 29- trata ahora de evitar a toda costa que el procedimiento vuelva a empezar. Por ello, según ha podido conocer este periódico, el alcalde José Bernal no tira la toalla y pretende viajar lo antes posible a Sevilla para recuperar la titularidad del proyecto sustituyendo al inversor.

En declaraciones a este periódico, el concejal responsable de Proyectos Estratégicos, Javier Porcuna, señalaba ayer que el Ayuntamiento «va a seguir trabajando en la línea que lo ha hecho hasta ahora para poder dar entrada a otros inversiones y desbloquear el asunto sin necesidad de empezar un nuevo procedimiento».

El edil incidió en la existencia de esa resolución de la Junta de Andalucía en la que se daba un nuevo plazo hasta el 29 de este mes (el próximo martes) para presentar un recurso ante el rechazo a la alegación que el propio Consistorio presentó contra el expediente de la Junta para rescatar la concesión. «Existe un plazo abierto y a ese nos ceñimos», indicó, haciendo referencia además a que ante el procedimiento de rescisión del contrato aprobado por la Junta se abre la posibilidad de recurso de reposición ante la APPA en el plazo de un mes. «Esperamos que ello nos deje margen para sacar adelante nuestra propuesta y no tener que empezar el proyecto desde cero, dado que ello dilataría enormemente todo el proceso», indicó el edil.

La existencia de estas dos resoluciones por parte de la Junta de Andalucía en fechas tan cercanas habría generado malestar en el seno del Ayuntamiento de Marbella, que prácticamente tenía cerrada la solución al problema para reactivar el proyecto sin necesidad de abrir un nuevo concurso público.

No se explica, por tanto, que desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se hayan emitido dos resoluciones: una, en la que se informaba al Consistorio de que tenía de plazo para presentar al inversor hasta el día 29; y la segunda, que fue directamente la resolución del contrato con el actual concesionario, y que es incompatible con la opción anterior.