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EUROPA PRESS
Miércoles, 23 de noviembre 2016, 00:50
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La Audiencia Nacional ha impuesto al exedil de Marbella Francisco Javier Lendínez dos años y medio de prisión por el desvío de fondos del Ayuntamiento marbellí. Así, se le condena por un delito de malversación, en su modalidad de especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades y el daño, concurriendo dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde los hechos; y se le impone que indemnice con 13,6 millones de euros al Consistorio.
Por este caso, denominado 'Saqueo II', ya fueron condenados, entre otros, el exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; y el exalcalde marbellí Julián Muñoz, y se refiere a supuestas irregularidades financieras y contables puestas de manifiesto en un informe de fiscalización en relación con las sociedades municipales.
En dicho informe se precisaba que no era posible conocer el destino de los fondos públicos que le habían sido transferidos a una de las mercantiles tanto por el Ayuntamiento -26 millones de euros entre 1994 y 1999- como por diversas sociedades municipales -30 millones de euros en ese mismo periodo-; que hacían un total de 56,8 millones de euros.
En la sentencia se considera probado que ante la situación «de irregularidad en la actuación» en dicha sociedad, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz, entonces alcalde accidental, y en la que también estaba Lendínez, aprobó en 2000 crear otra sociedad, Gerencia de compras y contratación.
Evitar la fiscalización
Lo hicieron, dice la resolución, «para desviar la atención» del Tribunal de Cuentas y para «seguir disponiendo y enmascarando los fondos públicos de dicho Ayuntamiento, así como para evitar la fiscalización de los mismos en el ámbito de la contratación pública que era su objeto social». Lendínez fue presidente del consejo de administración de la nueva sociedad de 2001 a 2003.
«De esta forma se consiguió seguir con la desviación de los fondos de las arcas municipales sin control alguno ni fiscalización posible, abonándose facturas por trabajos no hechos y dar cobertura contable para documentar las salidas de fondos, como entregas a cuentas de proyectos u obras no realizados», señala la sentencia, tras las facturas presentadas por un empresario, que ya fue condenado.
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