Diario Sur

Marbella se libera del plan de ajuste estatal tras la liquidación de su deuda privada

El alcalde José Bernal y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, en una foto de archivo.
El alcalde José Bernal y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, en una foto de archivo. / Josele-Lanza -
  • Está previsto que se lleve al pleno de la próxima semana una dación de cuenta del informe del Interventor municipal para dejar sin efecto el documento de 2012

En septiembre pasado el Ayuntamiento de Marbella quitaba una pesada losa de sus arcas municipales liquidando la deuda privada que arrastraba el Consistorio por herencia de los desmanes de la 'era GIL', abonando los 19 millones de euros que aún restaban de abonar, fundamentalmente a los bancos. El Consistorio pudo deshacerse de esta deuda gracias al remanente positivo de Tesorería de las cuentas municipales del ejercicio de 2015 que ascendieron a 47 millones de euros. La ley marca que parte de ese remanente debe destinarse a liquidación de deuda. Una vez eliminada, el área de Hacienda solicitaba de inmediato al Ministerio de Economía el levantamiento del Plan de Ajuste que pesaba sobre el Consistorio en base al Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, lo que abre la puerta, entre otras cuestiones, a la reposición de las vacantes por jubilaciones del personal municipal, una de las medidas restrictivas aplicadas en los últimos cuatro años.

Hay que recordar que Marbella, como otros tantos ayuntamientos se vieron obligados a elaborar un plan de ajuste a requerimiento del Ministerio de Economía por el que la ciudad recibió del Estado en 2012 una inyección económica de 12,2 millones de euros destinados a ponerse al día en el abono de facturas pendientes a proveedores. El plan exigía una serie de sacrificios destinados a la contención del gasto: reducción de sedes municipales, del gasto energético y la congelación total de las contrataciones de personal y una reposición mínima de las jubilaciones.

El pleno municipal de la próxima semana ha previsto una dación de cuenta del informe de la Intervención municipal con los efectos que en el día a dia de la gestión municipal tendrá la eliminación de estas restricciones, un asunto sobre el que el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, que confirmó la noticia adelantada por la Radio Televisión Municipal, no quiso entrar, emplazando a una próxima convocatoria pública en la que será el alcalde José Bernal quien ofrezca los detalles.

Fue en abril de este año cuando el equipo de gobierno anunciaba su intención de eliminar la deuda con los bancos, defendiendo que ello otorgaría un balón de oxígeno a las cuentas municipales. Uno de los efectos inmediatos que tuvo aquella liquidación de la deuda con hasta 13 entidades privadas en septiembre pasado (que permitió acabar con hasta 6 millones de euros en pago de intereses) fue la petición al Gobierno central del levantamiento del plan de ajuste.

Las arcas municipales arrastran todavía unos 330 millones de euros de deuda pública, tanto con Hacienda y la Seguridad Social como con la Junta de Andalucía por el anticipo reintegrable de 100 millones de euros concedido a la ciudad en tiempos de la Comisión Gestora. El equipo de gobierno del PP logró un acuerdo con el Ejecutivo central para la refinanciación de la deuda con el Estado. El tripartito logró lo mismo con la Junta de Andalucía cuando accedió al Gobierno municipal.

Reducción de deuda

Los nuevos planes de pagos han venido permitiendo a la ciudad poder afrontar la deuda sin paralizar la actividad y sin acabar en la quiebra. Además, de una tacada y en un solo año, el equipo de gobierno ha amortizado 33 millones de euros entre deuda privada y pública, una operación que tiene como resultado que se haya eliminado toda la deuda privada con los bancos, y al mismo tiempo se eliminen del montante que resta por pagar a Hacienda y la Seguridad Social, 14,9 millones. Ello ha permitido reducir en hasta tres años el calendario de pagos. El remanente de Tesorería del presupuesto de 2015 fue de 46,5 millones de euros. De esa cantidad, 3,9 millones se han destinado al pago de facturas; 9,3 a inversiones sostenibles; y 18,8 a la liquidación de la deuda privada. El equipo de gobierno entendió que el resto, 14 millones, podía emplearse en la deuda pública. Para ello, se pidió autorización por escrito al Ministerio de Economía para poder destinar esa cantidad a la amortización de deuda con Hacienda y la Seguridad Social, más allá de lo establecido en los calendarios de pago vigentes. La respuesta fue positiva y se liquidaron 9,6 millones de Seguridad Social y 5,3 de Hacienda.