Diario Sur

El concejal del PP, Félix Romero, ayer.
El concejal del PP, Félix Romero, ayer. / JOSELE.LANZA

El PP cuestiona el contrato del abogado Jaime Olcina como asesor municipal

  • Félix Romero defiende que ha estado realizando «tareas que no le corresponden». El PSOE responde que ha ejercicio una labor concreta en base a lo firmado

De nuevo la vinculación laboral del abogado socialista Jaime Olcina vuelve a estar en entredicho. El PP cuestionó ayer el contrato laboral firmado con el equipo de gobierno que, según indicó el edil Félix Romero, terminó el pasado 30 de septiembre. Romero fue especialmente crítico con Olcina, a quien acusó de realizar «una función que no le corresponde». Como ejemplo citó las «hasta 15 reuniones mantenidas por el abogado con personas físicas y representantes de entidades privadas para tratar asuntos tan importantes para la ciudad como el Puerto de La Bajadilla y el Polígono La Ermita». Romero sustentó sus declaraciones en «información a la que hemos tenido acceso pero de la que el tripartito no nos ha permitido hacernos con una copia». El popular aseguró que en esos encuentros, Olcina «acudió solo, sin la presencia del concejal de Proyectos Estratégicos, al que se supone que asesora». «En esas reuniones Javier Porcuma no estuvo presente por motivos de agenda. Nos preguntamos qué puede haber en su agenda más importante que estos proyectos», indicó. Los populares lanzaban varias preguntas al equipo de gobierno: «¿Cuál es la relación que tiene con el Ayuntamiento este abogado, qué contrato permite cobrar esas cantidades; es el de Marbella el único Ayuntamiento de España que puede contratar a personal externo para que negocie asuntos tan importantes y que mueven tanto dinero?». Félix Romero calificó de «verguenza» esta situación, y aseguró que Olcina «sigue trabajando para el Ayuntamiento después incluso de haber terminado su contrato».

El edil popular hizo un repaso a la la trayectoria política de Olcina. «El 24 de febrero de 1999 publicó una columna de opinión en la que criticaba al PSOE por atacar a Jesús Gil. Dos años después, ya se había pegado al PSOE y era secretarrio de la Fundación Plan Innovación de Marbella, que presidía Isabel García Marcos, como saben, condenada en el 'caso Malaya'. Luego se arrimó al actual PSOE y al actual alcalde»..

«En este caso hemos pedido en múltiples ocasiones información sobre la contratación, de las cantidades abonadas... Hemos encontrado siempre un muro, y cuando nos la han facilitado nos han impedido tener copia. Esa es la transparencia de este equipo de gobierno», expuso Romero.

La respuesta a estas críticas las ofreció el portavoz municipal, Javier Porcuna, quien acusó a los ediles del PP de mantener una «caza de brujas hacia Jaime Olcina». El socialista incidió en que «posiblemente sea por haber sido el abogado que ha representado al PSOE en múltiples causas contra el PP y también quizá por haberse querellado contra el edil y parlamentario Félix Romero por calumnias».

Defiendió Porcuna, que «el señor Olcina ha ejercido una labor concreta que se recoge en los términos del contrato con el Ayuntamiento»», un aspecto sobre el que no ofreció más datos; y afirmó que «siempre ha acompañado al concejal de Proyectos Estratégicos en sus reuniones, a propósito de los temas relacionados con esta delegación».

«Visto bueno de Intervención»

Para Porcuna, «la prevención sobre el señor Olcina debiera ser la misma por parte del PP que la que hubo de tener en su momento con otros asesores externos contratados por el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, por lo que no se entiende cómo ahora se buscan tres pies al gato cuando todos los pagos del Ayuntamiento tienen el visto bueno de Intervención».

«Creemos que el PP no estará acusando a la Intervención municipal o al Área de Contratación de actuar de manera negligente o tendenciosa», defendió el concejal de Proyectos Estratégicos, quien aseguró que los representantes del Partido Popular «han tenido acceso libre a la documentación relacionada con el contrato de Jaime Olcina; incluso han recibido un tirón de orejas en un auto judicial, que les recordaba que tras cinco días de silencio administrativo tienen acceso a esa documentación. Otra cosa es que al estudiarla los representantes del PP no hayan encontrado nada irregular».