Diario Sur

Marbella tendrá que revisar los valores catastrales para adaptar el recibo del IBI al PGOU del 86

Cristóbal Garre y Ángeles Muñoz, ayer, en la sede del PP de Marbella.
Cristóbal Garre y Ángeles Muñoz, ayer, en la sede del PP de Marbella. / Josele-Lanza -
  • El PP denuncia que el Ayuntamiento ha cobrado de forma «ilegal» unos 20 millones de euros en impuestos urbanísticos desde que se anuló el plan de 2010

El valor catastral de una propiedad determinado, entre otros aspectos, por su calificación urbanística es el encargado de definir las cantidades que uno debe abonar en concepto de determinados impuestos y tasas. A nivel local, el IBI, y el impuesto de plusvalías. A nivel autonómico, el impuesto de transmisiones patrimoniales,;y a nivel Estatal, el IRPF y el Impuesto de Renta para no Residentes. ¿Qué pasa cuando la calificación urbanística de una propiedad cambia reduciendo el valor de mercado y posibilidades de explotación pero no se revisa a la baja el valor catastral de la misma? Pues que se pueden dar situaciones como las que están viviendo propietarios de Marbella a los que la anulación del PGOU de 2010 y la vuelta al plan urbanístico de 1986 les ha supuesto un cambio de calificación urbanística que deja prácticamente sin uso parcelas o en situación de ilegalidad una vivienda, y sin embargo, se han encontrado con un recibo de IBI o de plusvalía en base al uso y normalización que introdujo el plan anulado.

Una situación que debe ser corregida. Tras las críticas vertidas ayer desde el grupo municipal del PP acerca de este escenario, el equipo de gobierno anunciaba que será el próximo año 2017 cuando se realice esta revisión de los valores catastrales. El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, explicaba que si no se ha hecho este año ha sido porque «no ha habido tiempo material para llevarlo a cabo». En este sentido concretó que la actualización de los valores catastrales «se realiza en el mes de marzo, y la publicación en el BOJA de la sentencia que anulaba el PGOU de 2010 tuvo lugar a mediados de febrero, por lo que -indica- hay una imposibilidad material para que el Ayuntamiento se lo comunique al Catastro en el plazo de 15 días».

Para el PP, esta situación es fruto de la «inacción» del Ayuntamiento, al que hace ya casi un año reclamaron que se realizara una revisión de los valores catastrales para adaptarlos a la realidad urbanística introducida con la vuelta al plan del 86. Según han denunciado la edil y senadora Ángeles Muñoz y el concejal Cristóbal Garre, el tripartito está cobrando impuestos de manera indebida -en hasta 20 millones de euros ha valorado Muñoz ese cobro de más-, por lo que les han exigido que impulsen la actualización de manera inmediata, para adaptarla al vigente PGOU del 86. «Estamos hablando de muchos millones de euros que está cobrando el Ayuntamiento y que no se ajusta ni a la realidad de esos suelos ni a la legalidad», señalóMuñoz, quien subrayó que es urgente revisar a la baja los valores catastrales de aquellos terrenos no urbanizables en el plan vigente y que sí lo eran en el anulado de 2010.

Primeras reclamaciones

Las primeras reclamaciones vía judicial han empezado a llegar de la mano del recibo del IBI de este año o del pago de plusvalías. Es el caso de un propietario de suelo en San Pedro, calificado en el plan de 2010 como de uso hotelero y que en el PGOU de 1986 figura como rústico. El pago del impuesto de plusvalía al proceder a su venta ha sido de 20.000 euros, cuando en base a la calificación actual la cantidad a abonar hubiera sido de cero euros. En cuanto al IBI, el recibo puede pasar de los 5.000 euros que abona actualmente a unos 100, según indicaron a SUR los representantes legales de este particular.

La presidenta local del PP reiteró durante su comparecencia que su grupo ya había advertido en reiteradas ocasiones sobre este particular, «sin que el equipo de gobierno haya hecho nada para evitarlo, lo que está ocasionando un clarísimo perjuicio económico a los ciudadanos», indicó Muñoz.

La edil precisó que esta modificación de la ponencia de valores debe hacerse a instancias del Ayuntamiento al Catastro, quien se lo comunica al Patronato para que éste incorpore los nuevos valores, «que irían a la baja en la mayor parte de los casos, dado que el PGOU de 2010 tenía mucho más suelo urbanizable que el de 1986, y esto afecta al pago de los referidos impuestos», defienden los populares.

Ángeles Muñoz lamentó lo que calificó de «parálisis total» en la gestión el urbanismo de la ciudad y la «inseguridad jurídica que esta situación despierta». La edil incidió en que después de un año desde la anulación del PGOU, «aún no se iniciado la licitación de un nuevo plan, ni siquiera se ha culminado la adaptación del plan del 86 a la LOUA, en una muestra evidente de irresponsabilidad y manifiesta incapacidad».

Desde el equipo de gobierno se tiene una visión bien distinta del asunto, y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, llegó ayer a calificar los argumentos del PP de «malintencionados». El edil de OSP considera que lo populares se han «aventurado a cuantificar las variaciones que podrían sufrir los valores catastrales, cuando lo cierto es que hay mucha casuística y el criterio final no lo establece el Ayuntamiento, sino la propia Gerencia del Catastro, que es estatal», expuso.

Para el responsable municipal de Hacienda, en las palabras de Ángeles Muñoz «hay una clara voluntad de intentar crear alarma social y dañar al equipo de gobierno», y acusa al PP de «estar creando expectativas falsas en muchos ciudadanos a los que después va a tener que dar explicaciones».

«Si tanto le preocupaba el IBI al PP -indicó- no debería haber llevado a cabo la subida brutal y criminal que hizo de este impuesto durante los ocho años que estuvo al frente del Gobierno local, porque ahora las leyes estatales nos impiden bajar los impuestos», defendió Manuel Osorio.