Diario Sur

Aplazado el juicio contra Julián Muñoz por la compra de locales del puerto deportivo

  • El fiscal acusa al exalcalde de malversación y prevaricación administrativa por los contratos formalizados para la adquisición y posterior alquiler

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha aplazado hasta el próximo día 15 de este mes el inicio del juicio que iba a comenzar ayer contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y siete exediles por presuntas irregularidades en la compra y el alquiler de varios locales del puerto deportivo.

Esta causa partió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz, como alcalde accidental, firmó un convenio en 1996 de compra de tres locales comerciales del puerto, fijándose como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con una reconocimiento de deuda de una parte desde el Ayuntamiento a la vendedora.

En 2000, un hombre, también acusado en esta causa, solicitó alquilar dichos locales por cinco años, dictando el exregidor un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento, utilizando un procedimiento «sin publicidad y concurrencia que beneficiaba al interesado, perjudicando los intereses del Ayuntamiento que se ve privado de considerar otras posibles ofertas más beneficiosas».

El fiscal señala en su escrito inicial que «no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado», haciendo Julián Muñoz «una estimación unilateral que coincide básicamente» con lo propuesto por la persona interesada en alquilarlos, pero que «contrasta frontalmente con el establecido para otros locales de la misma zona». Esta operación, según el ministerio público, evidencia «un trato de favor» hacia el acusado que quiso alquilar los locales y «un perjuicio a las arcas públicas».

El fiscal acusa a Muñoz de los delitos de malversación de caudales y de prevaricación administrativa, solicitando cuatro años y medio de prisión y 16 años y seis meses de inhabilitación. Al exsecretario le acusa de esos mismos delitos y de otro de falsedad, solicitando que se le impongan ocho años y medio de cárcel.