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El arquitecto y la secretaria de Casares denuncian presiones por el caso de corrupción que se juzga hoy

Agentes de la Guardia Civil retiran cajas de documentación intervenidas en el registro del Ayuntamiento en 2012.
Agentes de la Guardia Civil retiran cajas de documentación intervenidas en el registro del Ayuntamiento en 2012. / SUR
  • Aseguran que desde el Ayuntamiento se ocultó al juez un informe sobre la ‘operación Majestic’, que sienta desde hoy en el banquillo a dos exalcaldes

El ‘caso Majestic’, la presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Casares, que sienta desde hoy en el banquillo a dos exalcaldes de este municipio costasoleño, llega a juicio con sorpresa de última hora. El arquitecto y la secretaria municipal han denunciado «presiones» derivadas de su actividad profesional a la hora de atender los requerimientos de información que realizó el juez que investigaba el caso.

Los dos empleados municipales, que además son pareja, han relatado tanto en la Fiscalía como en la Guardia Civil supuestas maniobras por parte del Consistorio para ocultar a la instrucción judicial un informe sobre la urbanización Majestic y elaborar otro a medida para justificar las posibles irregularidades urbanísticas descubiertas en la investigación.

La secretaria municipal informó de esas presiones a la Fiscalía y el pasado día 14 declaró como testigo ante los agentes de la Guardia Civil que han llevado las pesquisas del caso. Según manifestó, todo comenzó cuando la tasadora judicial, a través del juez instructor, solicitó al Ayuntamiento las valoraciones realizadas sobre la urbanización Majestic para desarrollar los convenios urbanísticos.

La empleada municipal aseguró a los investigadores que, a raíz de este requerimiento, se crearon dos expedientes administrativos, pero sólo uno se remitió al juzgado y, además, con bastantes meses de retraso. Ese expediente contenía un informe realizado por una abogada –que, al parecer, es cuñada de uno de los concejales acusados– que, en su opinión, pretendía confundir a la tasadora y justificar que no eran necesarias las valoraciones periciales de las plusvalías generadas por los convenios ni de los aprovechamientos urbanísticos.

El informe técnico incluido en el otro expediente, el que no se remitió al juez, lo había realizado el arquitecto municipal y, como él mismo ha denunciado ante la Fiscalía, su contenido no fue del agrado de los políticos presuntamente implicados en el caso de corrupción. De hecho, según afirmó este técnico, desde entonces está siendo marginado en el trabajo, lo que, unido a una enfermedad que padece, ha provocado su baja laboral.

Según las fuentes consultadas por este periódico, los testimonios de estos dos empleados municipales podrían ser relevantes para el caso, que sienta desde hoy en el banquillo a nueve personas –entre ellos dos exregidores y dos exconcejales– que serán enjuiciadas hasta el 4 de noviembre, según el calendario de sesiones previsto por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga.

La Fiscalía Anticorrupción pide para el exalcalde de Casares Juan Sánchez –que perteneció a Izquierda Unida hasta su arresto– una pena de 18 años y medio de prisión por prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, todos ellos de carácter continuado, así como cohecho y blanqueo de capitales, según el escrito de acusación.

Juan Sánchez, tras ser detenido.

Juan Sánchez, tras ser detenido. / SUR

Junto a él, se sentarán en el banquillo su esposa (por blanqueo de capitales), su sucesora en el cargo, la entonces concejala Antonia Moreno, otros dos exediles y un asesor municipal, todos ellos por prevaricación. También están acusados el secretario municipal (falsedad en documento público), un particular (blanqueo y alzamiento de bienes) y uno de los dos promotores de la urbanización Majestic, (ya que el otro está declarado en rebeldía) por prevaricación, fraude, malversación y cohecho.

Blanqueo para la mafia rusa

Juan Sánchez fue detenido el 14 de mayo de 2012 en una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y se bloquearon en ese momento 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos. El caso, investigado conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil, comenzó a investigarse a final de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y se acusó al exregidor de colaborar con la mafia rusa, que supuestamente era el «principal» cliente de la red de blanqueo de capitales y corrupción urbanística. Esta operación policial permitió destapar una presunta trama que estaría relacionada con supuestas organizaciones criminales que son investigadas en otro procedimiento.

Anticorrupción mantiene que a finales de la década de los 90 se asentó en España ese «presunto grupo criminal de ámbito internacional» cuya actividad se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic y sus principales responsables en España eran Robert Gaspar (en rebeldía) y el acusado Robert Mani.

Uno de los objetivos principales del grupo fue la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario en Casares, donde a través de dos sociedades se ejecutó entre 2000 y 2006 la promoción Majestic. Para ello, se pactaron tres convenios y cinco modificaciones urbanísticas, que se acordaron con «una elusión burda de la ley administrativa», sin informes de los servicios jurídicos ni técnicos del Ayuntamiento y «sin verificar datos elementales», adjudicando directamente a la promotora los aprovechamientos urbanísticos que «obligatoriamente correspondían los ciudadanos de Casares».

Para el fiscal, el entonces alcalde actuó con «violación flagrante de la ley administrativa» y los responsables de las sociedades abonaron al Juan Sánchez diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros, con el fin de obtener un trato preferente. Para dar apariencia legal a esos fondos, el exalcalde y su mujer supuestamente se valieron de sociedades interpuestas y compraron boletos de lotería premiados a uno de los procesados, con lo que consiguieron dar apariencia legal a 165.000 euros.

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