Diario Sur

La Sudelegación investiga si una empresa ilegal vigiló conciertos de la feria

  • La Administración central abre un procedimiento y Requiere información al Ayuntamiento tras una atestado de la Policía Nacional levantado en uno de los conciertos

La subdelegación del Gobierno ha abierto un procedimiento administrativo por la supuesta contratación para labores de seguridad de una empresa no homologada durante la feria. El expediente tiene su origen en una denuncia formulada por la Policía Nacional durante la celebración de la última edición de la feria de San Bernabé, cuando los agentes detectaron que en uno de los conciertos que se celebraban en el recinto nocturno montado en la tercera fase de La Cañada la seguridad estaba a cargo de una sociedad que al parecer no cuenta con la autorización ni cumple con los requisitos para ejercer esas labores.

Tras recabar la información, los agentes realizaron un atestado y la tramitación continuó en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, donde se abrió un procedimiento administrativo de investigación tanto en relación con el Ayuntamiento de Marbella como con la empresa.

Las empresas no homologadas para este tipo de servicios suelen recurrir a personal que no cuenta con la habilitación necesaria para realizar labores de seguridad.

En ese sentido, la subdelegación ha requerido al Ayuntamiento para que le remita el contrato firmado para la prestación del servicio de seguridad en los conciertos de la feria. Se intenta determinar si los responsables municipales estaban al tanto de la situación irregular de la empresa o si fueron engañados o inducidos a error por ésta. El documento no ha sido recibido aún en las oficinas de la representación del Gobierno central en Málaga, aunque Ayuntamiento no ha agotado aún el plazo para responder.

En la Asesoría Jurídica

La información con la respuesta se encuentra en poder de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y en unos días será remitida a la Subdelegación, según han explicado desde el gobierno municipal. En esta documentación el Ayuntamiento argumenta que los vigilantes a los que la Policía Nacional requirió la documentación no estaban realizando labores de seguridad en el concierto, para lo que efectivamente no estaban habilitados, sino que se ofrecieron a colaborar para ordenar las colas de jóvenes que se habían aglomerado para pedir autógrafos y discos firmados de los músicos. Estas personas habían sido contratadas para labores de ordenación de entrada y salida de los autobuses y organizar el flujo de visitantes a la feria.

Según el gobierno municipal, la empresa que sí tuvo a su cargo la seguridad de los conciertos contaba con la homologación correspondiente y fue contratada por la empresa de espectáculos que trabajó con el Ayuntamiento de Marbella durante toda la semana de festejos.

Si el expediente prospera y se llega a demostrar algún tipo de responsabilidad municipal, el Ayuntamiento de Marbella se expone a una sanción económica de al menos 21.000 euros, mientras que el importe mínimo de la multa que se le puede imponer a la empresa es de 30.000 euros.