Diario Sur

El tripartito resta importancia a la sentencia por coacciones al mando policial

El edil de Seguridad, Javier Porcuna, acompañado del edil de Movilidad, Miguel Díaz.
El edil de Seguridad, Javier Porcuna, acompañado del edil de Movilidad, Miguel Díaz. / Josele-Lanza -
  • El PP reclama tener acceso al expediente abierto al funcionario y pregunta por qué el equipo de gobierno no informó de su situación

El concejal de Seguridad, Javier Porcuna, restó ayer importancia a la sentencia por la que se condenó al jefe operativo de la Policía Local, Santiago Montero, por utilizar indebidamente la placa para amedrentar a dos árbitros en un partido de baloncesto. Porcuna aseguró que los policías locales «reciben muchas denuncias en el ejercicio de su labor» y son personas «que están en la calle, sancionan y en más de una ocasión tienen que acudir a juicio como acusados». Porcuna atribuyó ayer a una filtración interesada que se haya conocido la sentencia que condena a su persona de confianza en el cuerpo y aseguró que existen situaciones análogas en la policía que no se han filtrado. «La diferencia es el interés en atacar a esta persona en concreto -dijo-; hay que valorar quién tiene interés en poner en solfa el buen nombre de este señor».

En relación con el expediente administrativo que se le ha abierto al mando policial como consecuencia de esta condena, en la que se le impuso una multa de 200 euros, aseguró desconocer cómo se ha resuelto ya que, según sostuvo, desconocía la sentencia y se enteró de la misma por el periódico.

En el fallo de la sentencia, el juez ordena que se ponga en conocimiento de la Policía Local de Marbella «por si procediera imponer al denunciado una sanción disciplinaria por uso indebido de la placa policial». En ese sentido, el concejal explicó que se trata de un procedimiento habitual cuando hay una condena en la que está implicado un policía en el ejercicio de su cargo. «Es una coletilla, no una indicación específica» , aseguró, que ya se ha producido en otros casos

Montero, como informó ayer este periódico, fue condenado por utilizar la placa en una situación en la que ni estaba de servicio ni era necesario.

Por su parte, el Partido Popular exigió ayer al gobierno municipal que dé traslado a su grupo municipal del expediente supuestamente abierto a Montero, «hombre de confianza del equipo de gobierno» tras la condena por coacciones.

El concejal Félix Romero preguntó además sobre la identidad y procedencia del instructor del expediente y recordó que en el caso del mando expedientado este verano se acudió a un instructor de fuera de la ciudad «así como los criterios que ha utilizado el portavoz municipal para informar en rueda de prensa de los detalles e identidad del anterior y ocultar todos los extremos en el caso de Montero».

«Desde el PP consideramos de enorme gravedad que se pueda estar actuando con discrecionalidad por parte del equipo de gobierno, con doble rasero en función de la identidad del agente», denunció Romero, para quien es urgente que se aclare este nuevo episodio, a su juicio lamentable que supone un revés para la imagen de la Policía Local.

Romero aseguró que Montero «es el cargo que el tripartito nombró por libre designación en el organigrama de la Policía Local, que fue impugnado por los sindicatos, que entendían que dicho nombramiento debía hacerse por concurso de mérito y que ha venido actuando como comisario político desde que el tripartito llegó al ayuntamiento».

El concejal reclamó también al tripartito que aclare las funciones que tiene Montero en el nuevo cargo, y si en algún momento desde que recibió la sentencia del juzgado hace un año que lo condenaba por coacción ha sido expedientado o no.