Diario Sur

El tripartito exige a Ángeles Muñoz «una explicación creíble» sobre la presunta alteración del PGOU

  • La plataforma que denunció el caso asegura que el Plan se falsificó para propiciar un expediente de modificación de la linde

El Ayuntamieno de Marbella reclamó ayer a través de un escueto comunicado que la exalcaldesa Ángeles Muñoz ofrezca «una explicación creíble» sobre el proceso de aprobación del PGOU de 2010 que ha dado lugar a una investigación de la Fiscalía. En una nota de respuesta a un documento del fiscal difundido ayer por el PP en el que se acuerda dar traslado al juzgado de una denuncia sobre la utilización de una guardia montada de la Policía Local en la boda de un miembro del PSOE, el equipo de gobierno reclama mayores precisiones a Muñoz de las ofrecidas el pasado jueves, cuando aseguró que toda la tramitación se había realizado correctamente.

«El gobierno y los ciudadanos esperamos que de esta situación, generada por la profunda investigación realizada por la Fiscalía, se derive una explicación creíble que satisfaga el por qué y el cómo se produjeron los supuestos cambios en los planos referidos al PGOU con especial incidencia en zonas donde Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses económicos y familiares», sostiene el escrito.

El gobierno municipal asegura también que está a la espera de que el Partido Popular dé una respuesta ante esta situación, que en su opinión es idéntica a la protagonizada por la senadora por Valencia Rita Barberá. Ángeles Muñoz fue elegida senadora por Málaga en las últimas elecciones.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, afirmó ayer que espera que todo se aclare y destacó la disposición a colaborar mostrada por Muñoz, que afirmó que todo se hizo de manera legal y en función a las directrices de los habilitados nacionales. «Yo espero que eso se pueda certificar y que en los próximos días se pueda demostrar que lo que dice la señora Muñoz es verdad; confío en la justicia y también en Ángeles Muñoz» subrayó.

Asimismo, el movimiento ciudadano 'Ni un metro de Marbella para otra población', cuya denuncia dio origen a la investigación de la FIscalía, celebró ayer la decisión asumida por el Ministerio Público sobre el caso y aseguró mediante un comunicado que la supuesta falsificación de los planos del PGOU tuvo como objetivo la apertura de un expediente de alteración de lindes al comprobarse que la oficial no coincidía con la que aparecería en el Plan General una vez que este se hubiese modificado.

En un comunicado, la plataforma sostiene que al alterarse la línea de linde en la zona conocida como Vega del Jaque, el suelo que hoy es rústico en Marbella pasaría a ser urbanizable en Benahavís «con una revalorización inmediata del suelo» que el propio colectivo estima en 30 millones de euros.

Vega del Jaque

La plataforma recuerda que cuando Muñoz era concejala en Benahavís, ese ayuntamiento aprobó el plan parcial Vega del Jaque, cuyo promotor era el marido de la que años más tarde sería alcaldesa de Marbella. Más del 60 por ciento de los terrenos afectados pertenecían a la sociedad Vega del Colorado SA, sociedad de la que era administrador único el marido de Muñoz, según explica el colectivo, que sostiene que el suelo era y es de Marbella, donde tiene la calificación de rústico. «Si se altera la linde deviene urbanizable», asegura el comunicado. De ahí que la plataforma sostiene que detrás de esta supuesta modificación del PGOU existen intereses económicos.

Por su parte, Podemos se felicitó ayer de que la Fiscalía investigue la supuesta falsificación del PGOU, «que incluye el intento de deslinde con Benahavís». La formación morada recordó que lleva un año insistiendo en la formación de una comisión de investigación» ante la desidia y apatía del gobierno tripartito, formado por el PSOE, Izquierda Unida y Opción Sampedreña.

Podemos recordó que una de sus reivindicaciones y de su grupo municipal (Costa del Sol Sí Puede) era que no se cerrase en falso el caso de la fallida alteración de lindes entre Marbella y Benahavís y que siempre defendió que no se diese carpetazo al asunto una vez cerrado y concluido el proceso mediante la anulación por parte de la Junta de Andalucía, sino que se iniciase una investigación que depurase todas las responsabilidades. Recordó también CSSP llevó a pleno la creación de una comisión de investigación y una vez aprobada «quedó en el limbo durante meses».