El PP pedirá una comisión de investigación sobre las funciones de los asesores municipales

El Partido Popular pretende obtener el apoyo de Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, para impulsar una comisión de investigación que dirima si los asesores municipales están usurpando funciones propias de los concejales o aquellas reservadas para los directores generales, cuyo proceso de nombramiento prosigue en 'stand by' tras la suspensión cautelar del artículo 7 del reglamento municipal que recoge las pautas para su designación.

Los populares formularán la petición en el pleno extraordinario solicitado la semana pasada y para el que todavía no hay fecha. El concejal del PP Baldomero León confirmó que la intención es impulsar una comisión paritaria para abrir una investigación que permita dilucidar si ha existido o existe usurpación de funciones por parte del personal eventual del Ayuntamiento, ya se trate de asesores internos o externos. El edil confirmó que el asunto no ha sido aún consensuado con el otro grupo de la oposición, pero que se hará antes de la sesión cuya fecha debe fijar todavía el alcalde.

«Presumimos que los asesores municipales pudieran estar extralimitándose en sus funciones, toda vez que ellos deben limitarse a asesorar y en ningún caso dirigir, gestionar o ejecutar actos, como parece ser que están haciendo y que va en contra de lo que, claramente, recoge la Ley de Bases de Régimen Local», afirmó el popular, que compareció en rueda de prensa y subrayó la gravedad de estos hechos así como la posible responsabilidad penal que se deriva de confirmarse las sospechas.

El concejal añadió que desde el comienzo de la legislatura el PP viene denunciando esta situación y que el partido solicitó ya el año pasado un informe en materia de asesores que no ha sido facilitado hasta que un juzgado ha obligado a los gobernantes actuales a dar dicha documentación a la oposición. El informe, firmado por el secretario municipal, recoge consideraciones sobre las tareas que deben ser asignadas al personal eventual y que se ciñen, según recoge el texto, a «funciones estrictas de confianza y especial asesoramiento».

El responsable del área de Recursos Humanos, Daniel Pérez, replicó, por su parte, que el actual personal eventual opera dentro de la legalidad, tanto la que marca el Estatuto Básico del Empleado Público como el Reglamento de Directores Generales, vigente a pesar de la suspensión cautelar del citado artículo.

Pérez, que precisamente criticó por «desproporcionada» la acción de la Abogacía del Estado al pedir la suspensión cautelar del artículo por el que se rigen los nombramientos, afirmó que esta normativa municipal persigue el cese de estos altos cargos una vez finalice la gestión del equipo de gobierno de turno; de modo que no pase como en la actualidad, cuando hasta 10 directores generales nombrados por el ejecutivo del PP han presentado demandas reclamando la relación laboral indefinida con el Ayuntamiento por fraude de ley. Pérez recordó que muchas de estas personas están obteniendo sentencias favorables que suponen su reincorporación a la plantilla.

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