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Héctor Barbotta
Martes, 16 de agosto 2016, 01:38
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El vendedor quiere vender y el comprador quiere comprar. Sólo falta que el Gobierno se aclare e informe cuál es la fecha real en la que caduca la concesión. En esa situación se encuentra el proceso para la venta de Puerto Banús, cuyas negociaciones se llevan con total sigilo desde hace más de un año.
Aunque tanto la empresa concesionaria, Puerto Banús SA, como la sociedad interesada en quedarse con el recinto, un grupo con sede en Madrid aunque con inversiones en diferentes países, mantienen en secreto sus negociaciones, fuentes consultadas por este periódico aseguran que incluso ya se ha llegado a un acuerdo sobre el montante de la operación que estará condicionado sobre la información definitiva que se reciba acerca de la fecha de caducidad de la concesión. El acuerdo incluye también una cláusula que prevé un aumento significativo de la cantidad en el caso de que se obtenga el permiso institucional para la ampliación del recinto.
Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella están al corriente de las negociaciones, que se encuentran a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente informe de manera oficial cuál es la fecha hasta la que es válida la concesión. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que pese a que se trata de un documento técnico no se espera recibir esa información al menos hasta que se constituya el nuevo gobierno.
La concesión de Puerto Banús fue otorgada al empresario que da nombre al recinto el 4 de marzo de 1968 por un plazo de 99 años. Para la concesionaria, su derecho a explotar el puerto caduca, en consecuencia, en el primer trimestre de 2067.
Sin embargo, tras el advenimiento de la democracia, se han dictado diferentes normas relativas a este tipo de concesiones que han creado un interrogante jurídico acerca de las realizadas durante el franquismo. En septiembre de 2011, durante el último gobierno socialista, se aprobó mediante un real decreto legislativo un texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que establecía en 35 años el plazo máximo de duración de las concesiones administrativas sobre dominio público portuario, aunque en 2014, ya con el PP en el poder, se dictó un nuevo decreto denominado de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que supuso una nueva modificación del plazo máximo de las concesiones, que quedó establecido en 50 años. Asimismo, se introdujo una modificación del régimen y los requisitos recogidos en la regulación de las prórrogas concesionales que abrió la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria en casos determinados que podría prolongar la concesión hasta los 75 años.
Así, según la norma a aplicar, la concesión de Banús podría tener vigor hasta 2018, 2043 o 2067, circunstancia que hace variar de manera determinante el valor de la empresa que explota el recinto y la propia viabilidad de la venta.
Por ello, la empresa concesionaria solicitó tanto a la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias y las ejerce a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) como al Ministerio de Medio Ambiente, un informe que certifique hasta cuándo tiene vigor la concesión, aunque la postura de la sociedad es que deben respetarse las condiciones originales que establecían el límite del año 2067.
La APPA, según ha tenido conocimiento este periódico, ha respondido que al tratarse de una norma de rango estatal su interpretación corresponde al Gobierno central y por lo tanto no se ha pronunciado. Posiblemente como efecto colateral de la falta de gobierno, la respuesta está tardando en llegar.
A esta situación se ha sumado una sentencia dictada más recientemente, el pasado 14 de julio, por el Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo que sostiene que las prórrogas automáticas en la concesiones de esta naturaleza contravienen el derecho europeo al no garantizar la libre competencia.
La sentencia fue dictada a raíz del recurso de una empresa italiana contra la prórroga automática de una concesión en una zona de kiosco y zona de baños en el lago de Garda, en el norte del país transalpino, pero echa por tierra la posibilidad de que la misma mecánica se siga utilizando en los puertos españoles, lo que puede afectar también a Banús y las condiciones de la negociación de su venta. Para el tribunal, la prórroga de concesiones a una empresa de un Estado miembro constituye una diferencia de trato en perjuicio de empresas de otros estados miembros que podrían estar interesadas.
Esta resolución judicial también podría tener efectos sobre la negociación, ya que cerraría la puerta a que cualquiera que sea el plazo límite de la concesión ésta sea renovada de oficio y obligaría a la sociedad titular a acudir a un nuevo concurso.
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