El secretario municipal dimite también como síndico de la quiebra de Bansa

El secretario municipal comunicó esa decisión en un escrito enviado al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Marbella el pasado 13 de junio y al que ahora ha tenido acceso este periódico. El cese, sin embargo, se había producido el 31 de mayo, el mismo día en que dimitió como jefe de la Asesoría Jurídica.

En la nota, Rueda informa al juez de que en tanto el Ayuntamiento de Marbella designe a la persona que lo sustituirá continuará realizando las tareas necesarias para evitar perjudicar los intereses de la quiebra.

El secretario municipal abandona de esa manera otra de las tareas que le había asignado el equipo de gobierno, que tras su toma de posesión en junio del año pasado mostró su intención de no hacer nombramientos en las áreas jurídicas del Ayuntamiento y asignarle esas funciones a los habilitados nacionales. Sin embargo, con el argumento de la excesiva carga de trabajo, el secretario municipal las ha ido abandonando, primero la jefatura de la Asesoría Jurídica y posteriormente la representación del Ayuntamiento en la quiebra de Bansa.

Durante los ocho años anteriores, la condición de síndico del Ayuntamiento había sido ocupada por Enrique Sánchez, jefe de la Asesoría Jurídica nombrado por el equipo de gobierno del PP. Tras el cambio en la Alcaldía, Sánchez cesó en la ese puesto pero permaneció como síndico hasta febrero de este año, cuando el equipo de gobierno nombró al secretario, que apenas ha realizado esa función durante cuatro meses.

Bansa, acrónimo de Banús Andalucía La Nueva S.A , fue en su día la empresa propietaria de todos los terrenos de Puerto Banús y gran parte del distrito de Nueva Andalucía y concesionaria además del servicio de agua de Marbella. Esta sociedad, propiedad de la familia Banús, tenía entre sus objetivos la venta de los terrenos, aunque lo hizo por un precio irrisorio hasta el punto de llegar a un proceso de despatrimonialización que la llevó a quedarse sin bienes y con una deuda que inicialmente se cifró en unos 5.500 millones de las antiguas pesetas (unos 35 millones de euros).

Entramado societario

La sociedad entró en concurso de acreedores en los años 80 en Navalcarnero pero no fue hasta noviembre de 1993 cuando se declaró oficialmente la quiebra. Desde entonces, el juzgado de Primera Instancia número 4 de la ciudad rastrea sin grandes resultados los bienes entre un complejo entramado societario y una maraña de hasta 50 operaciones de compraventa supuestamente ilegales para satisfacer a sus numerosos acreedores. Entre estos se encuentran, el Ayuntamiento, que reclama alrededor de 18 millones de euros, la Agencia Tributaria y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental.

Durante los años del gilismo, los síndicos del Ayuntamiento obstaculizaron la marcha de la quiebra. Posteriormente se supo que José Luis Sierra, que fuera abogado del exalcalde Jesús Gil y síndico del Consistorio marbellí, utilizó ese puesto para apropiarse de los bienes, acción que enmascaró a través de una maniobra de ingeniería societaria y la utilización de testaferros.