La prisión de Alhaurín deja en manos de la Audiencia el tercer grado a Julián Muñoz

La junta de tratamiento de la prisión se reunió el jueves para evaluar el caso del exalcalde de Marbella, puesto que el reglamento penitenciario establece que la situación de los reclusos debe revisarse en un plazo máximo de seis meses para estudiar su posible progresión en grado. A Muñoz le tocaba en agosto, ya que en la anterior junta, la de febrero, se le denegó el régimen de semilibertad por cinco votos contra uno.

En esta ocasión, los responsables de la cárcel debían resolver nuevamente sobre el tercer grado a Muñoz, elevando una propuesta favorable o contraria a su concesión al juez de vigilancia penitenciaria. Sin embargo, la junta de tratamiento acordó el jueves dejar esa decisión en manos de la Audiencia Provincial, que ahora tendrá que estudiar el auto del juez (que le otorgó el régimen de semilibertad), el recurso de la Fiscalía (que se opuso) y el escrito de impugnación (contra el de la fiscal) del letrado que representa al exalcalde en este asunto, Antonio José García Cabrera, del despacho Lemat Abogados.

Dado que la pelota está en el tejado de la Justicia, la junta de tratamiento de Alhaurín de la Torre votó, por unanimidad, «esperar la resolución del recurso de apelación interpuesto», todo ello, según el documento, «con el máximo respeto a las mismas (las actuaciones judiciales en curso), sin ánimo de interferir en ellas y en aras de la tutela judicial efectiva».

Para llegar a esta conclusión, los responsables de la cárcel malagueña han considerado el hecho de que el juez de Vigilancia Penitenciaria ya le concedió el tercer grado el pasado 3 de agosto, aunque la decisión esté recurrida. Por tanto, toman esa fecha como referencia para la próxima revisión de su situación, que sería dentro de seis meses (febrero de 2016).

El abogado de Muñoz, por el contrario, es tajante: «La prisión tiene que pronunciarse». El letrado reitera que el auto del tercer grado que ahora estudia la Audiencia deviene de la anterior junta de tratamiento (la de febrero, donde se le denegó), y por tanto considera que, al no pronunciarse ahora, dentro de ese plazo de seis meses que le reconoce el reglamento penitenciario, se está perjudicando «seriamente» al exalcalde marbellí. «Su estado no es el mismo ahora que en febrero, porque ha seguido empeorando. La prisión tiene que decidir en un sentido o en otro, porque se le está privando de la posibilidad de que se le conceda o, en caso de denegárselo, que lo recurra», explica.