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Un agente traslada a uno de los detenidos hace ocho años.
El 'caso Astapa', en un callejón sin salida

El 'caso Astapa', en un callejón sin salida

Siete años después, la causa que conmocionó a Estepona sigue bloqueada en el juzgado de Instrucción

Héctor Barbotta

Miércoles, 17 de junio 2015, 00:41

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Hace hoy siete años, cuando apenas se había recuperado de la conmoción de la operación Malaya, la Costa del Sol volvió a amanecer con un paisaje que amenazaba con convertirse en familiar. Una vasta operación policial, incluidos agentes armados y algunos cubiertos por capuchas, irrumpió en el Ayuntamiento de Estepona y en las viviendas de algunos ediles y cargos públicos, entre ellos el entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos.

En la operación intervinieron 200 policías, se realizaron 38 registros y se detuvo a 25 personas entre concejales, técnicos municipales, empresarios y abogados. Cinco personas el propio Barrientos, su jefe de gabinete, los concejales José Ignacio Crespo y Manuel Reina y un empresario fueron enviadas a prisión. Los tres primeros pasarían seis meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

La operación parecía calcada de la que dos años antes había provocado un vuelco político en Marbella y acabado de un plumazo con 15 años de gobiernos del GIL, pero ocho años más tarde las diferencias entre la operación de Marbella y la de Estepona afloraron.

En Estepona, efectivamente, la operación también tuvo consecuencias políticas. Acabó con la carrera de Barrientos, hoy reincorporado a su plaza de médico, y puso en su lugar como alcalde y líder del PSOE al entonces concejal David Valadez, que acaba de dimitir tras su fracaso electoral. Poco después se sabría que el propio Valadez había sido un año y medio antes el autor de la denuncia que dio lugar a la apertura de la investigación.

Caminos diferentes

Sin embargo, en el plano judicial los casos no pudieron llevar caminos más diferentes. Cuando aún no se ha cumplido una década desde el inicio de la instrucción de Malaya, el caso ha sido juzgado y está pendiente de la resolución de los recursos en el Tribunal Supremo. Astapa, que lleva ocho años y medio de instrucción, continúa aún en su fase inicial y no hay ningún indicio que permita avizorar en el horizonte el final del proceso. Sobre más de un centenar de imputados sigue pendiente la incógnita de cuál será su suerte. No son pocos quienes temen que la causa se cierre en falso. De los 109 acusados, tres ya han fallecido. Uno de ellos, tras tomar la decisión de acabar con su vida.

La mayor parte de los imputados aún desconoce de qué se les acusa, más allá de los delitos que figuran en el auto de imputación. «Sólo presté declaración una vez, cuando me detuvieron, y sólo durante cinco minutos. Nunca más me han llamado», asegura uno de los imputados, que prefiere que no se mencione su nombre.

Astapa no es la primera macrocausa que se instruye en la provincia desde que en 2005 Ballena Blanca iniciara una serie que después continuó con otros casos resonantes como Malaya o Hidalgo, aunque a diferencia de estos no se instruyó en Marbella, sino en Estepona.

Los juzgados de esta ciudad son habitualmente citados entre los más colapsados del país, pero el consejero de Justicia, Emilio de Llera, se distanció recientemente de ese problema al asegurar que el retraso del caso no responde a falta de medios, sino a «una instrucción insuficiente, absolutamente ineficaz», lo que dio lugar a una protesta formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por parte del actual juez instructor, Jesús Torres Núñez.

Torres Núñez es el quinto juez que ha pasado por esta macrocausa, pero los problemas acerca de la instrucción no son recientes, sino que se remontan al comienzo del caso.

Textos copiados

Las críticas del consejero a la instrucción tienen una base sólida. En muchos de los apartados de la causa, según ha podido comprobar este periódico, los escritos contenidos en la instrucción reproducen contenidos textuales de escritos anteriores. Así, existen informes policiales que copian párrafos completos de la denuncia. A su vez, estos mismos párrafos aparecen copiados en escritos de la Fiscalía, y posteriormente, recogidos textualmente en autos de la jueza instructora.

Según se pudo comprobar a lo largo de estos años, el informe policial que dio amparo a la operación en la que se produjeron las detenciones contenía errores de bulto, como propiedades que se atribuían a los posteriormente imputados; la afirmación de que Barrientos había recalificado una finca propiedad de su madre que en realidad llevaba recalificada más de una década o que el propio alcalde era presidente de varias sociedades mercantiles que posteriormente se comprobó que eran empresas municipales. En concreto, el informe que hacía referencia al alcalde le atribuía erróneamente cinco cuentas bancarias, así como fondos de inversión, fondos de pensiones y rentas que posteriormente se comprobó que no existían.

Tras comprobarse estos errores, la defensa de Barrientos llegó a pedir el relevo de los funcionarios policiales autores de estos informes, lo que no fue admitido por el juez con el argumento de que los errores, reconocidos en el auto, fueron subsanados en un informe posterior y que podrían ser consecuencia de la complejidad de la causa investigada.

Barrientos no fue el único a quien se atribuyeron rentas y patrimonios cuya existencia no pudo comprobarse. Algunas de las defensas consultadas por este periódico llaman la atención también sobre otros aspectos esenciales de la investigación. Especialmente los 14 informes patrimoniales encargados sobre otros tantos imputados y que hasta ahora no han revelado irregularidad alguna.

De momento no existen visos de que la causa vaya a resolverse, ni indicios que permitan confirmar, siete años después, que tanto revuelo estuviera justificado.

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