Los puertos deportivos piden a la Junta que devuelva las tasas cobradas que anuló el Supremo

«La viabilidad del sector náutico y pesquero y de toda la industria que se genera alrededor de él se está viendo afectado por la recaudación que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), en concepto de tasas portuarias, lleva realizando desde el año 2004 y que desde el pasado mes de julio, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el decreto 371/2004, pasan a ser ilegales, y por tanto, susceptibles de ser reclamadas por los usuarios afectados, pidiendo su devolución íntegra», indicaron desde la asociación Marinas de Andalucía, que representa al 90% de los puertos privados andaluces y a más del 70% de todos los atraques.

El colectivo no ceja en su empeño y tras ver rechazadas sus anteriores reclamaciones han optado por convertirse en altavoz de la demanda para animar a los usuarios de los recintos náuticos a hacer fuerza. Para ello ha elaborado una serie de recomendaciones para que reclamen, ya de sea de manera individual o colectiva con más afectados. Primero, directamente a la APPA, «si no responde o la respuesta es negativa», recurriendo a la vía judicial.

La actual situación, aseguran desde Marinas de Andalucía, logró tener una resolución satisfactoria por parte del Tribunal Supremo cuando el pasado 3 de julio de 2014 anulaba el Decreto 371/2004 al considerarlo «fuente de inseguridad jurídica e ilegal». Como consecuencia de la aplicación de dicho decreto, los puertos deportivos concesionados tuvieron que hacer frente a una «disparatada e ilegal» subida del canon, que en algún caso llega a ser superior al 7.000%, como ocurrió en el caso concreto del Puerto de Marbella, pasando de pagar 6.000 euros a 450.000 euros. En el caso de Banús, el recibo pasó de 120.000 euros a 1,1 millones.

Rechazo al nuevo decreto

Tras conocerse el fallo del Supremo, la APPA aseguró que el 90% de los puertos andaluces no ha estado pagando el canon en los últimos años, con lo que la ejecución de la sentencia del Supremo solo afectaría a aquellos que realizaron pagos. No obstante, el Ejecutivo andaluz respondía meses después aprobando por la vía de urgencia un nuevo decreto ley 14/2014 para regular las tasas portuarias. La medida sigue sin ser del agrado del sector que sigue calificando de «abusivas» las tasas que se cobran -sobre todo en comparación con otros puertos de gestión estatal dentro de la misma comunidad andaluza-. Además recalcan que la Junta «sigue sin cumplir el requisito que le pedía el Supremo: la elaboración de una memoria económica financiera que justifique el incremento de las tarifas». «La medida continúa sin tener validez, es un fraude para todos los andaluces», manifiestan.

A finales del pasado año, la patronal de los puertos privados remitía un escrito a la presidenta andaluza Susana Díaz instando a que se anulen de oficio «todas las llamadas órdenes de revisión de canon confeccionadas al amparo del decreto 371/2004 de 1 de junio, y todas las liquidaciones de canon realizadas entre los años 2006 y 2012, ambos inclusive, acordándose la cancelación y devolución de todos los avales bancarios y fianzas prestadas y cuanto más proceda en derecho». Una petición amparada por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio en la que se anulaba el Decreto 371/2004 que aprobaba la subida de cánones de los puertos deportivos de gestión indirecta de la comunidad. Al declararse nulo el decreto, «son nulas, por tanto todas las ordenes de revisión de los cánones de los puertos transferidos, así como las liquidaciones de cánones del período 2006 a 2011 que dimanan de las mismas», afirmaron desde la asociación.