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El cuerpo sin vida de Franz De Wilde yace en el suelo.
El caso del vecino de Marbella muerto cuando era detenido por la Policía Local, sin resolución nueve años después

El caso del vecino de Marbella muerto cuando era detenido por la Policía Local, sin resolución nueve años después

Lieven de Wilde pereció el 6 de febrero de 2006 tras ser esposado en pleno centro de la localidad marbellí por cuatro agentes, que lo retuvieron contra el suelo

Héctor Barbotta

Domingo, 1 de febrero 2015, 02:26

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La justicia está tardando en llegar para Lieven Franz Herman de Wilde, un vecino de Marbella de nacionalidad belga que perdió la vida un mediodía de 2006 en pleno centro de la ciudad cuando acababa de ser detenido por la Policía Local. Fue uno de los últimos episodios de un ayuntamiento que se descomponía por la corrupción.

A las tres menos diez de la tarde del lunes 6 de febrero de 2006 el centro coordinador de Urgencias recibió la llamada de un policía local que pedía auxilio para contener a una persona que estaba «muy alterada» y que había sido reducida por otros agentes. Cuando la ambulancia llegó al lugar, apenas cinco minutos después y con un sedante preparado, el panorama que se encontró era muy distinto al esperado. En medio de la calle y rodeado de varios vehículos de la Policía Local yacía el cuerpo de la víctima, con varios hematomas en diferentes parte del cuerpo y sangre en la nariz. Según la declaración de uno de los sanitarios, por el estado que presentaba el cuerpo llevaba media hora en esa situación. De acuerdo a este testimonio, De Wilde había muerto veinte minutos antes de que el policía local llamara a la ambulancia.

Todo había comenzado no mucho tiempo antes. De Wilde, cuyo padre había fallecido en Bélgica la semana anterior, se había trasladado a Marbella. Esa mañana, por motivos que nunca pudieron ser aclarados, salió de su casa visiblemente nervioso, vestido sólo con el pantalón del pijama y con las llaves de la vivienda en la mano. El hombre, de 42 años y de gran corpulencia, empezó a andar sin sentido aparente por las calles. Se dirigió a la playa y se metió en el agua. Cuando salió fue abordado por dos agentes de la Policía Local. En pocos minutos se desencadenó la tragedia.

Sobre qué fue lo que realmente ocurrió existen testimonios contrapuestos. Los cuatro policías locales que intervinieron en los hechos aseguran que tuvieron que emplear toda su fuerza para contener al hombre. Sin embargo, la enfermera de la ambulancia sostuvo en su declaración ante la Policía Nacional que varios de los vecinos que se encontraban en el lugar gritaban a los agentes: «Asesinos, lo hemos visto todo; asesinos, os habéis pasado».

Cinco de estos ciudadanos que se ofrecieron a dar su testimonio son una pieza clave de la causa, donde figuran como testigos protegidos. Su versión difiere sustancialmente de la que aportan los policías, que a su vez ofrecen entre sí no pocas contradicciones aunque coinciden en que el detenido se resistió violentamente a ser reducido.

Sin embargo, ninguno de los testigos protegidos vio signo alguno de resistencia en De Wilde. Sí observaron, por el contrario que los policías actuaron con violencia, lo golpearon repetidamente con las porras aún después de esposarlo por la espalda y lo arrojaron al suelo. Cuatro de ellos aseguran que ya tumbado boca abajo, uno de los agentes lo sujetó con la rodilla ejerciendo presión contra el asfalto. Instantes después se produjo el desenlace. «¿Qué hacemos, qué decimos?» preguntó un policía a uno de sus compañeros cuando al dejar de ejercer presión comprobaron que el detenido había fallecido, según uno de estos testimonios. Al cabo de un rato, los agentes se decidieron. Le quitaron las esposas y llamaron a la ambulancia.

Los policías quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez Urquía, posteriormente condenado por las relaciones impropias de su cargo que mantenía con Juan Antonio Roca. El caso entró en un cono de sombra del que aún no ha salido. La primera autopsia reveló que la muerte se produjo por delirium agitado por el consumo de alcohol y drogas. La madre de la víctima, personada como acusación, encargó como prueba pericial de parte un segundo informe al prestigioso médico Luis Frontela, cuya conclusión no ofreció dudas: la muerte fue violenta y se produjo por asfixia debido a la presión ejercida sobre la parte posterior del cuello.

El suceso apenas tuvo consecuencias. Los policías siguieron en sus puestos, la instrucción se ralentizó por los continuos cambios de jueces en el juzgado a cargo e incluso el expediente llegó a extraviarse en 2011. El juicio fue señalado para celebrarse el 31 de octubre de 2013 en un juzgado de lo Penal de Málaga, cuyo titular se declaró incompetente el mismo día de la vista al ser policías los implicados y ordenó el traslado de la causa a la Audiencia Provincial de Málaga, que todavía no ha señalado una nueva fecha para el juicio.

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