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Isabel Pantoja, al quedar en libertad en 2007. :: josele-lanza
Una condena que empezó hace siete años

Una condena que empezó hace siete años

J. C. / H. B.

Lunes, 24 de noviembre 2014, 08:41

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El ingreso en prisión de Isabel Pantoja para cumplir su condena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo culmina un largo proceso que se inició antes de la detención de la tonadillera. Concretamente, con el hallazgo de unos documentos en oficinas de Juan Antonio Roca sobre la compra de un apartamento en el hotel Guadalpín que llevaron primero a Julián Muñoz y después a Isabel Pantoja. Un minuciosa investigación policial dio pie a la elaboración de un informe de 176 páginas sobre sus actividades de blanqueo sobre en el que el juez instructor fundamentó el auto en el que se ordenaba su detención.

Con la evidencia de que la tonadillera estaba implicada, el proceso que un año después de desatado seguía conmoviendo a la ciudad de Marbella adquirió un nuevo cariz e inundó las tertulias de la tarde televisiva. Se inició entonces para la tonadillera un largo proceso en el que la policía y el juez instructor del 'caso Malaya' intentaron desentrañar el origen de más de un millón de euros en efectivo detectado en el flujo de ingresos bancarios en las cuentas de la cantante. Para Pantoja el calvario fue doble: por un lado, judicial, por otro, mediático.

El caso, al igual que otra veintena de asuntos, fue desgajado posteriormente de Malaya y pasó a tener entidad propia. Se convirtió en el 'caso Blanqueo', aunque muchos no se resistieron a llamarlo de una manera que podía tener mejor acogida en las audiencias: 'caso Pantoja'. Sin embargo, la tonadillera no era el personaje principal de la trama, que tenía a Julián Muñoz en el vértice de un triángulo a uno de cuyos lados se situaban sus dos exmujeres -Pantoja y Maite Zaldívar-, el hermano de ésta, Jesús, y dos directivos de entidades bancarias; uno de Marbella, Benjamín Martínez Cantero, y el otro de Suiza, Fernando Salinas. En el otro lado del triángulo, el empresario José Manuel Villarroya, sospechoso de haber entregado dádivas al exalcalde a cambio de favores, y dos de sus hijos, que posteriormente fueron apartados del proceso al no acreditarse su participación en los hechos que se investigaban.

Sin embargo, Pantoja continuó siendo la procesada que levantaba mayor interés, y en octubre de 2010, al concluir la instrucción y dictarse el auto de apertura de juicio oral, el juez acordó embargarle inmuebles después de que no abonara la fianza civil de 3,6 millones prevista para afrontar posibles responsabilidades.

La vista dio comienzo en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga el 28 de junio de 2012 con una expectativa mediática inusual para un caso de blanqueo de capitales. En aquella primera jornada, el abogado de Pantoja denunció que su cliente había sufrido un trato degradante durante todo el proceso y pidió, en vano, la nulidad del caso.

Seis meses de juicio

El juicio, que duró más de seis meses, tuvo uno de sus momentos culminantes el 23 de octubre, cuando llegó el momento de que la cantante prestara declaración ante el tribunal. Su intervención fue corta, ya que solo accedió responder a las preguntas de su defensa pese a la advertencia del presidente del Tribunal que si no aprovechaba esa oportunidad para dar explicaciones a las preguntas de la acusación ya no podría hacerlo.

La vista concluyó en enero del año pasado, y en abril se conoció la sentencia: siete años de cárcel para Muñoz, tres años y tres meses para Zaldívar -rebajada posteriormente a dos años y medio- y dos años para Pantoja. Según el tribunal, la cantante había blanqueado dinero por tres caminos: el llamado 'smurfing' (imposición de forma consecutiva de pequeñas cantidades en efectivo), la adquisición de inmuebles y la inversión en explotaciones ganaderas. Sin embargo, se dio por sentado entonces que con esa pena, ratificada un año después por el Supremo, la tonadillera no entraría a la cárcel. Los hechos lo han terminado por desmentir.

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