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Isabel Pantoja, en una de sus visitas a los juzgados.
Pantoja recurrió a prestamistas para intentar pagar la multa, asfixiada por los embargos

Pantoja recurrió a prestamistas para intentar pagar la multa, asfixiada por los embargos

La tonadillera buscó hasta el último momento un crédito con el aval de sus propiedades inmobiliarias para abonar los 1.147.148 euros de la condena

Juan Cano

Sábado, 25 de octubre 2014, 02:04

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Mientras el caso Pantoja ocupaba páginas de periódicos y horas de tertulias televisivas, la tonadillera y su equipo jurídico trazaban en silencio su estrategia de defensa, que pasaba por pagar la multa y solicitar después la suspensión de la pena para intentar eludir la prisión. No lograron el primer objetivo. El segundo está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que dictó la ejecución y la firmeza de la sentencia que la condenó a 24 meses de cárcel.

Los abogados José Ángel Galán y Graciela Otondo, que han asistido a la cantante en todo el proceso, aseguran que Isabel Pantoja intentó «hasta el último momento» reunir el dinero de la multa de 1.147.148 euros que la Audiencia le obliga a pagar tras ser condenada por un delito de blanqueo de capitales. Fuentes de su entorno van más allá y revelan que la tonadillera, asfixiada por los embargos, recurrió incluso a prestamistas e inversores para obtener el crédito que le negaban los bancos presentando como aval sus propiedades.

El problema es que el patrimonio de Pantoja se encuentra trabado por dos organismos diferentes. En octubre de 2010, durante la fase de instrucción del caso, el juzgado reclamó a la cantante una fianza de 3.680.000 euros en concepto de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de los hechos que se le imputaban. Ante la falta de liquidez para hacer frente a esa suma, los abogados presentaron como avales la finca Cantora, en Cádiz, y la casa que tiene en La Moraleja. Ambas fueron embargadas.

El panorama se oscureció aún más para ella a finales del pasado verano, cuando la Agencia Tributaria ordenó el embargo provisional del patrimonio de Pantoja por una posible deuda que aún está en investigación de 1.800.000 euros. Según las fuentes, un equipo de asesores fiscales contratados por la tonadillera está intentando llegar a un acuerdo con Hacienda para que trabe sólo una de las propiedades y libere el resto, de manera que pueda vender alguna.

Tasación de los bienes

Cuando el juez le reclamó los 3.680.000 euros por la posible responsabilidad civil, los representantes legales de Pantoja presentaron un peritaje de sus bienes. En 2010, la finca Cantora y la casa de La Moraleja fueron tasadas en total en ocho millones de euros, que cubrían con creces la suma. Ahora, una vez que la responsabilidad civil ha desaparecido y Pantoja ha sido condenada a pagar 1.147.148 euros, los abogados de la cantante han pedido a la Audiencia Provincial el escrito se presentó el día 17 que «ajuste» el embargo a la cuantía de la multa.

Las maniobras judiciales de los letrados tienen como finalidad liberar las cargas que pesan sobre las propiedades de Pantoja para conseguir vender alguna de ellas o acceder al menos a un crédito con el fin de saldar la deuda que tiene pendiente con la Justicia. Las negociaciones con prestamistas e inversores, así como con un comprador que estuvo interesado en la casa de La Moraleja, no han llegado hasta ahora a buen puerto, ya que todos se han echado atrás al ver los diferentes embargos que hay sobre sus bienes.

Ante la imposibilidad de vender ni de conseguir financiación, y viendo que se le agotaba el plazo de 10 días que le dio la Audiencia, Pantoja optó este miércoles por transferir 100.000 euros al juzgado a cuenta de la multa. Al día siguiente, su procurador acudió a la Ciudad de la Justicia y entregó en el registro tanto la solicitud de suspensión de la pena como una petición de pago aplazado del 1.047.148 euros restantes. Como ayer adelantó SUR, el calendario propuesto por la artista contempla saldar la multa en cinco cuotas trimestrales de 210.000 euros, de manera que abonaría el total en año y medio. Los abogados aluden al artículo 50 del Código Penal, que recoge esta opción y permite un plazo de hasta dos años. En el escrito, la defensa advierte de que podría pagar antes la multa si consigue vender alguna de sus propiedades.

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