Un juzgado abre diligencias contra el edil de Urbanismo por no paralizar una obra a pie de playa

La causa tiene su origen en un informe elaborado por técnicos de la delegación de Urbanismo tras la inspección realizada el pasado 16 de abril sobre unas obras realizadas en la zona de ocio Funky Beach, en la playa de El Pinillo, para la instalación de pérgolas, la construcción de una estructura de unos 200 metros cuadrados y la excavación para una piscina, que finalmente también se acabó construyendo sobre una superficie de 560 metros cuadrados.

Tras esta inspección, dos semanas después se levantó un acta, y el Servicio de Disciplina Urbanística emitió sendos informes técnicos el 25 y el 30 de abril en los que se advertía de la presunta ilegalidad en la que se estaba incurriendo.

Un informe jurídico elaborado también en el área de urbanismo advirtió posteriormente de que si bien las obras de demolición detectadas en las inspecciones contaban con licencia de obras, la instalación de las pérgolas se había ejecutado sin permiso.

El suelo afectado por esta actuación se encuentra clasificado como no urbanizable de especial protección y además está afectado por el límite de edificación por afección de carreteras e incluido en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Este informe jurídico caracterizaba las obras como una infracción continuada, y señalaba que se debía proceder a «ordenar la reposición de la realidad física alterada».

Según la documentación que obra en el juzgado donde se han abierto diligencias, en el área de municipal de Urbanismo se llegó a redactar una orden de paralización de las obras. Esta resolución, sin firma del concejal, es la base de la denuncia en la que se afirma que el edil no actuó con diligencia para acabar con una ilegalidad.

Denuncia

El documento llegó de forma anónima al grupo municipal socialista, cuyo representante legal presentó el pasado 11 de agosto una denuncia ante la Fiscalía en la que se asegura que Moro se abstuvo de cumplir con su deber como cargo público «beneficiando objetivamente a los propietarios del establecimiento infractor e incurriendo con ello en hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho y prevaricación». En opinión de los denunciantes, hay una inactividad flagrante por parte del concejal de Urbanismo. Posteriormente, el fiscal dio traslado al juzgado.

Consultado por este periódico, Pablo Moro aseguró ayer que su departamento tramitó no una sino dos órdenes de paralización de las obras, y que la querella tiene por ello «una base absurda». En relación al citado documento, al que no ha tenido acceso, sostiene que puede tratarse de una de las dos órdenes que firmó y que pudieron ser copiadas antes de que pusiera su rúbrica al pie.

El edil indicó que como consecuencia del seguimiento de estas obras que se hizo desde el departamento de Disciplina Urbanística, se ordenó una primera paralización, se demolió una parte de las obras y se permitió seguir adelante una vez que la actuación contó con los permisos necesarios.

Moro atribuyó la querella a la «guerra sucia» y al «vale todo» con que en su opinión trabaja el grupo socialista, y explicó que se ha dado traslado al juzgado de todo el expediente, por lo que aseguró queuna vez que el juez analice toda la información la causa se acabará archivando.