Unos 15.000 camioneros de la provincia podrán demandar a los fabricantes por pactar precios

Las principales marcas de fabricantes de camiones pactaron precios. / Sur

La Unión Europea impone casi 3.000 millones de multa a la industria automotriz, que se enfrenta también a reclamaciones de los compradores

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Son 200.000 en toda en España y se calcula que unos 15.000 en la provincia de Málaga. Los usuarios que entre 1997 y 2011 compraron camiones de las principales marcas con implantación en Europa podrán reclamar la devolución de cantidades que oscilan entre los 8.000 y los 15.000 euros por unidad tras una resolución de la Comisión Europa que determinó que los principales fabricantes de camiones pactaron los precios en esos años. Esa práctica violó el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que prohiben la formación de cárteles.

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La decisión fue adoptada por la Comisión el 19 de julio del año pasado, pero no se publicó hasta el 6 de abril de este año. Según la documentación que aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea en esa fecha, la maniobra afecta a los compradores de MAN Truck & Bus, Volvo, Renault, Daimler, Iveco, Fiat Chrysler, Paccar y Daf Trucks, sociedades a las que se les han impuesto multas millonarias, con excepción de la primera.

Así, Volvo tendrá que pagar 670 millones de euros; Daimler, 1.008 millones; Iveco, 494 millones -de los que Fiat tendrá que responder de manera solidaria en su mayor parte- y Paccar y DAF, 752 millones. Para fijar estas multas, la Comisión tuvo en cuenta las ventas de camiones de las empresas en el Espacio Económico Europeo durante el año anterior al final de la infracción, el hecho de que la coordinación de precios es una de las restricciones de competencia más graves; la duración de la infracción; la elevada cuota de mercado de los destinatarios del mercado europeo de camiones medios y pesados, el hecho de que la infracción abarcara a todo el Espacio Económico Europeo y un importe adicional «para disuadir a las empresas de participar en prácticas de coordinación de precios», según refleja la resolución.

La única de las sociedades fabricantes a la que no se le ha aplicado sanción económica es MAN Truck & Bus debido a que colaboró con la investigación, iniciada en 2011 por el Tribunal de la Competencia.

Un cártel

La Comisión concluyó que estas marcas llegaron a acuerdos colusorios (es decir, con terceros perjudicados) sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos para la venta de camiones en el Espacio Económico Europeo. Este pacto se alcanzó en relación con los camiones medios (de un peso entre seis y 16 toneladas) y sobre los pesados (superiores a 16 toneladas). El acuerdo también se fijó en relación al calendario y la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías necesarias para cumplir con las exigencias medioambientales de reducción de las emisiones de los motores.

Según refleja la decisión de la Comisión, las centrales participaron directamente en la discusión sobre los precios, los incrementos de los precios y la introducción de nuevas normas de emisiones hasta 2004. «Al menos desde agosto de 2002 se mantuvieron conversaciones a través de filiales alemanas que, en diversos grados, informaron a sus centrales. El intercambio tuvo lugar tanto a nivel multilateral como bilateral», señala el documento publicado en el Diario Oficial de la UE. En aplicación de la ‘Comunicación sobre clemencia’, indica la resolución, MAN fue eximido totalmente del pago de multas, a Volvo/Renault se le concedió una reducción del 40%; a Daimler, del 30% y a Iveco, del 10%.

Las cantidades a devolver a los compradores van de 8.000 a 15.000 euros

La infracción, según refleja la decisión, abarcó la totalidad del Espacio Económico Europeo y duró desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011.

El cártel afectó a todoel Espacio Económico Europeo y se fraguóen las filiales alemanas

Según el abogado marbellí Antonio Caracuel -del despacho Hispajuris, que ya ha presentado unas 10.000 demandas individuales en toda España- el perjuicio sufrido por los compradores como consecuencia de la formación del cártel entre fabricantes fluctuaría entre un 10 y un 15 por ciento del precio de venta de los camiones. Esta estimación se desprende de las estadísticas existentes relativas a pactos análogos, aunque para hacer un cálculo más certero es necesario realizar un contraste de facturas relativas a compras de estos vehículos en un periodo anterior y posterior al cártel y también de compras realizadas en puntos geográficos diferentes no afectados por el pacto entre fabricantes.

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