La Justicia ordena cada año el ingreso de 2.800 malagueños en residencias y psiquiátricos

Imagen de archivo de un centro psiquiátrico.
Imagen de archivo de un centro psiquiátrico. / SUR

La autoridad judicial es la única que puede determinar el internamiento de estas personas sin que hayan dado su consentimiento

Alvaro Frías
ALVARO FRÍAS

Se encuentran en un callejón sin salida. Sobrepasados a la hora de tener que atender a un familiar con problemas mentales o cognitivos, su única esperanza es recurrir a un juez. Solo él puede ordenar el internamiento de este tipo de enfermos sin su consentimiento previo, ya que la voluntad de la persona prevalece sobre la del familiar. Cada año, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital, que es el que se encarga de este tipo de casos, ordena el ingreso involuntario de una media de 2.800 malagueños en residencias y centros psiquiátricos.

Su titular, Herminio Maillo, explica que esta cifra triplica el módulo de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto para un juzgado de este tipo. La razón no es otra, según señala, que las características que tiene el partido judicial de Málaga, que integra zonas como la capital, Alhaurín de la Torre, Cártama o Rincón de la Victoria, así como otros 14 municipios de la provincia.

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Esta elevada carga de trabajo se debe al gran número de centros especializados que hay en el partido judicial. «Tenemos dos unidades de agudos, una en el Clínico y otra en el Civil, además de tres hospitales psiquiátricos, por lo que, si sumamos las camas, es una de las áreas que más pacientes mueve en Málaga. Asimismo, hay que añadir a los usuarios de una treintena de residencias de ancianos, así como a los de otras para discapacitados intelectuales o de protección de menores», apunta.

Y es que el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Málaga es el que se encarga en exclusiva de decidir sobre estos ingresos no voluntarios. En concreto, se ordenan sobre personas que sufren una enfermedad mental o deterioro cognitivo severo que les impiden tomar decisiones sobre su internamiento en uno de estos centros, así como el tratamiento médico que deben seguir.

Las demencias seniles, los casos de alzhéimer, las esquizofrenias, los trastornos bipolares y psicóticos y hasta las depresiones profundas conforman el abanico de enfermedades que con más frecuencia requieren de la intervención del juez para su tratamiento adecuado en un centro. En estos casos, como se va a restringir un derecho fundamental como es el de la libertad, en el que la voluntad del enfermo prevalece por encima de la de sus familiares, es un juez el que tiene que ordenar el internamiento.

Y no es algo fácil. Es un trabajo a contrarreloj, ya que una persona solo puede permanecer en un centro de este tipo sin autorización de un juez durante 72 horas. «Es complicado tomar la decisión en ese tiempo, ya que para un internamiento involuntario se requiere la valoración de un juez, una exploración forense y un informe de Fiscalía. Tras ello ya se dicta la autorización», expone el magistrado.

Con este fin, el juez realiza un par de salidas a la semana para visitar centros psiquiátricos y residencias, en las que valora a las personas que se encuentran en esta situación. «Intentamos organizarnos para aprovechar los viajes y, en uno, conocer la situación en la que están varios de estos pacientes y hacerlos de esta forma más operativos», afirma.

Otra fórmula, según Maillo, es que el familiar solicite el ingreso involuntario sin que la persona se encuentre todavía en un centro psiquiátrico o una residencia. Entonces las partes disponen de más tiempo para actuar, ya que no se está restringiendo el derecho a la libertad de nadie.

«No hay que vincular la enfermedad mental a la conflictividad»

Pese a sucesos que perduran en la memoria como el de Francisco Díaz Jiménez, el agente de la Policía Nacional que falleció después de que un indigente con problemas psiquiátricos le asestara una puñalada en el pecho sin mediar palabra, o el caso más reciente de un hombre que se paseaba con un cuchillo y que tenía atemorizados a sus vecinos en Olletas en la capital, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital, Herminio Maillo, insiste en que «no hay que vincular la enfermedad mental a la conflictividad o la agresividad. La incidencia de este tipo de casos en enfermos mentales es mucho menor que en la población presuntamente sana», apunta. Por ello, asegura que la sociedad debería hacer autocrítica, ya que en la mayoría de los casos se aísla socialmente a este tipo de personas. «Luego no podemos quejarnos de que no se relacionen correctamente en su comunidad», apunta.

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