La Junta anuncia el inicio de los trámites para elaborar el nuevo POT de la Costa del Sol

El Plan de Ordenación del Territorio de 2006 fue anulado en parte por el Tribunal Supremo

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La Junta de Andalucía ha anunciado este mediodía que inicia los trámites para la elaboración del nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) de Costa del Sol Occidental, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del aprobado en 2006. Así lo ha acordado esta mañana el Consejo de Gobierno, que de esta manera, -además de subsanar las cuestiones formales que motivaron esta decisión judicial- el documento se "actualizará y adaptará" a los cambios en el "contexto socioeconómico producidos en los últimos diez años". Así, desde la administración regional consideran que se establecerá para un nuevo desarrollo urbanístico y territorial de la zona, que suma nueve localidades con una población cercana a los 400.000 habitantes. El texto fijará también los objetivos y criterios de ordenación supramunicipal en infraestructuras, espacios libres y zonas de crecimiento.

El decreto de formulación aprobado por el Consejo y dado a conocer el día de hoy, establece la creación de una comisión de redacción, que estará integrada por representantes de las administraciones central y autonómica, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la comarca. Estos planes identifican las áreas que quedan preservadas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales, y aquellas otras que, por su valor estratégico, deben ser destinadas al desarrollo de actividades económicas y a la localización de equipamientos y dotaciones de interés supramunicipal.

En concreto, el POT Costa del Sol Occidental tendrá como ámbito los municipios de Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén, una zona que consideran como "estratégica" para el conjunto de la economía regional en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. "Partirá de las propuestas del plan declarado nulo y desarrollará otras para actualizar el documento e incorporar nuevas medidas en infraestructuras, movilidad y desarrollo turístico y socieconómico, dirigidas a mejorar la articulación e integración del espacio urbano y del frente litoral; la preservación de los valores naturales y paisajísticos, y las relaciones internas entre municipios", asegura la Junta en un comunicado.

Falta de informe preceptivo

El pasado mes de noviembre de 2015 se conoció este dictamen judicial emitido por el Alto Tribunal, que dejaba sin efecto la norma dictada por la Junta de Andalucía que ordenaba territorialmente la franja occidental de la provincia. La decisión para anular esta norma, dictada en 2006, se fundamentaba en la falta de un informe preceptivo al que la Junta estaba obligada por una norma dictada por la propia administración autonómica.

La Sala III del Tribunal Supremo declaró nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, aprobado por el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio. El motivo de la nulidad era doble: por un lado, porque la administración autonómica no dio respuesta a las alegaciones formuladas por la entidad mercantil recurrente en el trámite de información pública del procedimiento de elaboración del Plan; y en segundo lugar, porque no se emitió en relación al Plan el preceptivo informe sobre impacto por razón de género exigido por la propia legislación autonómica andaluza.

El Supremo estimaba el recurso de la mercantil La Barca N.V., S.A., contra la sentencia, de fecha 23 de marzo de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rechazó entonces el recurso de dicha sociedad contra el Plan de Ordenación cuestionado. La sentencia destacaba que la nulidad de pleno derecho del plan radica en la falta de respuesta de la administración a las alegaciones presentadas por la mercantil en el trámite de información pública, ya que ello equivale, según la jurisprudencia de la Sala, a la privación del derecho de audiencia y la omisión por tanto de un trámite esencial del procedimiento, que requiere no sólo la mera recepción de las alegaciones sino “su atenta lectura y contestación específica sobre las razones que llevan a la aceptación o rechazo de tales alegaciones”. “Exclusivamente así –añadía la resolución—cabe tener por cumplido el trámite de información pública destinado a posibilitar la participación pública en la elaboración del planeamiento, requisitos formales que se omitieron en la tramitación y aprobación” del Plan cuestionado.

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