Gobierno y Junta refuerzan el control para garantizar la convivencia

Gobierno y Junta refuerzan el control para garantizar la convivencia

La creación de un registro único de actividad permitirá chequear que todos los servicios de VTC sean bajo precontratación

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Las numerosas protestas de los taxistas contra la proliferación de licencias VTC, escenificadas con paros parciales, manifestaciones y huelgas como la protagonizada en Málaga el pasado agosto han obligado a las Administraciones Públicas a mover ficha para tratar de apaciguar los ánimos y garantizar la convivencia entre ambos medios de transporte. La Junta de Andalucía, que es la encargada de dar las autorizaciones, ha ido un paso más allá en su apuesta por equilibrar la proporción entre ambos servicios en cumplimiento del compromiso adquirido con el sector tradicional. La fórmula consiste en seguir paralizando licencias pese a las sentencias favorables a los solicitantes. En la provincia de Málaga ya son 366 las autorizaciones suspendidas (un millar en toda la región) por este cambio de criterio. Si antes se concedían automáticamente tras el fallo judicial, ahora se siguen denegando apoyándose en informes de los ayuntamientos en los que se estime que no son necesarias.

«Estamos actuando de una manera que permite cumplir las sentencias pero también regular las autorizaciones de VTC en base a una disposición de la propia norma que posibilita solicitar un informe a las administraciones locales, que son las más cercanas a la realidad del municipio», argumentan desde la Junta. Esta decisión puede ser recurrida por los peticionarios, pero a juicio de Fomento ya no podrán invocar que se les denegó en base al incumplimiento de la ratio 1/30, que según los tribunales no estaba en vigor entre 2010 y 2015.

Freno a la especulación

En paralelo, el Gobierno central también ha adoptado medidas adicionales para regular la actividad del arrendamiento de vehículos con conductor, que consiste fundamentalmente en reforzar el control del servicio que prestan mediante la creación de un registro único a nivel estatal al que deberán comunicarse todas las carreras que realicen con carácter previo. Con esta base de datos se persigue garantizar la precontratación evitando la captación de viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los lugares de concentración y generación de demanda como pueden ser aeropuertos o estaciones ferroviarias.

Además, el decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres también pretender frenar la especulación con las licencias impidiendo su traspaso durante los dos primeros años. Hasta ahora, varias empresas han hecho su particular agosto con miles de autorizaciones solicitadas en todo el país pero no para explotarlas directamente, sino para transferirlas a terceros para que sean estos los que ofrezcan sus servicios a través de plataformas como Cabify o Uber. Estos permisos se conceden por unos 30 euros, pero en el mercado han llegando a alcanzar los 30.000. Tanto Uber como la patronal Unauto-VTC han recurrido ante el Tribunal Supremo este decreto al considerar que limita la competencia, un paso que también ha avanzado que dará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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