La Diputación destina 27 millones a los municipios para inversiones

Bendodo con los portavoces de los cinco grupos políticos. / SUR

Los cincos grupos políticos consensúan este plan especial. La institución provincial destina parte del remanente del presupuesto de 2016 a obras hidráulicas, depuración y bomberos

Antonio M. Romero
ANTONIO M. ROMERO

Los 103 municipios de la provincia recibirán de la Diputación de Málaga un total de 27 millones de euros de un plan especial de inversiones. Un acuerdo que ha sido consensuado por los cinco grupos con representación en el pleno y que esta mañana han escenificado compareciendo juntos el presidente, Elías Bendodo, y los portavoces Francisco Salado (PP), Francisco Conejo (PSOE), Guzmán Ahumada (IU-Málaga para la Gente), Gonzalo Sichar (Ciudadanos) y Rosa Galindo (Málaga Ahora).

El plan, que ha sido presentado posteriormente a los alcaldes de los municipios en una reunión y mañana, martes, será aprobado en un pleno urgente y extraordinario, está dedicado a inversiones financieramente sostenibles en materias como ordenación del tráfico y estacionamiento, vía pública, parques y jardines, protección del patrimonio histórico-artístico, caminos vecinales, saneamiento, abastecimiento de aguas o reparación de infraestructuras o inmuebles. Cada municipio podrá presentar un par de proyectos.

De los 27 millones de euros, los municipios de menos de 25.000 habitantes recibirán 16.415.000 euros repartidos en función de su población -así irán desde los 100.000 euros de los de menos de 500 habitantes a los 375.000 euros de los que lleguen a los 25.000 habitantes- y el resto, 10.585.000 euros, se lo repartirán las doce localidades con más de 25.000 habitantes; la que más recibirá será Marbella con 1.862.615 euros.

Las previsiones de la Diputación es que este plan genere un impacto económico en la provincia de unos 72 millones de euros y permita crear 600 puestos de trabajo, con el objetivo de que la mayoría de los contratados sean personas en paro. Asimismo, se espera que se presenten en torno a 200 proyectos.

Estos 27 millones de euros destinados al plan de infraestructuras financieramente sostenibles suponen una cifra récord desde que hace cuatro años se puso en marcha este plan especial. Esta cantidad es una parte de los 44 millones de euros de remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de la Diputación de 2016. Además del plan especial, los grupos han acordado destinar tres millones a un fondo de liquidez provincial -para ayudar a los ayuntamientos con problemas económicos con préstamos sin intereses-, dos millones para el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), 2,7 millones para un plan de obras hidráulicas que ayude a paliar los problemas de abastecimientos que empiezan a sufrir algunos municipios de la provincia, un millón para las depuradoras del Genal-Guadiaro y 7,3 millones para amortizar deuda con las entidades financieras.

Elías Bendodo ha destacado la economía “saneada” de la Diputación de Málaga que le permitirá alcanzar la deuda cero en 2018 y ha puesto en valor el consenso alcanzado con todas las fuerzas políticas. “El mensaje que trasladamos a la ciudadanía es que nos ponemos de acuerdo en aquellos asuntos de calado para los municipios de la provincia”, ha subrayado.

Por su parte, todos los portavoces han remarcado la importancia de este acuerdo. “Es un acto de responsabilidad colectiva de todos los partidos en el que anteponemos el interés general a las cuestiones partidistas”, ha sostenido Conejo. Ahumada ha destacado que este plan “generará empleo” y Sichar ha puesto en valor que se están cumpliendo las reivindicaciones de Ciudadanos en materia de aguas, saneamiento o bomberos.

Galindo ha subrayado que el plan de inversiones “va a ser bueno para todos los malagueños” y Salado ha remarcado que con estas actuaciones se demuestra que la Diputación es “la administración que más está invirtiendo en los municipios de la provincia”.

Tanto Francisco Conejo como Guzmán Ahumada han aprovechado la comparecencia y la foto de familia para reclamar al Gobierno de España que “abra la mano” con las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) modificando el techo de gasto para permitir que puedan destinar el dinero de sus remanentes a las cuestiones que consideren prioritarias en sus municipios.

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