Alumnos y autoescuelas, atascados ante una huelga de examinadores que entra en su cuarto mes

Profesores de autoescuela protestan en una jornada de huelga para pedir a la DGT que acabe con los retrasos en los exámenes (archivo). / F. Rodríguez

Unos 150.000 aspirantes sin pruebas y centenares de centros de enseñanza amagan con cerrar mientras que la DGT dice que no es competente

J. LUIS ÁLVAREZ

Ni la Dirección General de Tráfico (DGT) cede, ni tampoco los examinadores. La movilización iniciada en junio por los encargados de los exámenes de conducir por un asunto que lleva años sin resolverse sigue enquistada. Según la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ya son unos 150.000 los alumnos que se han visto afectados, una cifra que se teme alcance los 220.000, y que de aumentar suponga el cierre de «centenares» de centros de enseñanza vial. Comienza octubre y ya hay convocados otros catorce días más de unos paros que se realizarán todos los lunes, martes y miércoles.

CNAE cree «indispensable» que cese el conflicto y que «no prosiga bajo ninguna circunstancia más allá de este mes». Miles de autoescuelas «han perdido el verano, y la sombría perspectiva de que en octubre sólo hubiera siete días libres de paros es inaceptable», pues de cumplirse «dejaría al sector en una posición tan crítica que, con toda probabilidad, centenares de centros de formación vial se verían abocados al cierre».

El presidente de la Confederación –agrupa a 58 asociaciones provinciales que dan servicio a unas 8.000 autoescuelas–, José Miguel Báez, advierte de que «si la amenaza de los examinadores se cumple, la huelga entrará en su cuarto mes». «Tenemos los vehículos parados y nuestros potenciales clientes han dejado de matricularse», por lo que destaca que la «facturación del sector ha disminuido un 40% y muchos centros de Formación Vial están al límite de sus fuerzas». Báez añade que esta situación supone «la ruina para las 37.000 familias que viven de la formación vial en España, y otros sectores como los de los seguros y la automoción comienzan a resentirse».

Como solución al conflicto, desde las autoescuelas se sugiere a la DGT que cumpla el compromiso al que llegó con los examinadores en 2015 y que arbitre para ello la fórmula que considere más adecuada, al objeto de sortear las dificultades planteadas por Hacienda para el incremento salarial de 250 euros exigido por los examinadores. «Podría, por ejemplo, abonar la modesta cantidad que piden los examinadores en dos o tres años y con cargo a partidas de libre disposición, una solución provisional que no le impediría seguir negociando con Hacienda la subida del complemento específico», apunta CNAE.

Mientras, las autoescuelas reclaman unos servicios mínimos de al menos el 77% mientras duren los paros, a fin de evitar el colapso que se vive en algunas jefaturas provinciales de Tráfico, que no cuentan con ningún examinador disponible.

Precisamente ayer, los diputados en el Congreso de Unidos Podemos por Málaga, Alberto Montero y Eva García Sempere, se reunieron con el colectivo de examinadores de tráfico para conocer la problemática.

En el caso de la provincia de Málaga, al no haberse cubierto jubilaciones ni hacer convocatorias para nuevas plazas, la plantilla ha pasado de 36 a 24 examinadores. A todo esto, le han añadido la actual adaptación de la Ley de Tráfico a la normativa europea, que ha significado el aumento del tiempo de examen, pasando a tener una duración mínima de 25 minutos «y esto se hace sin un aumento de personal, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo y la imposibilidad de hacer el mismo número de exámenes diarios».

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