Los alcaldes exigen al Gobierno que reforme ya la plusvalía y les compense la merma de ingresos

Piden celeridad, pero también que se les compense por el dinero que dejarán de ingresar a través de este impuesto que tiene que abonar quien vende un inmueble o quien lo adquiere mediante donación o herencia. Desde el fallo judicial han sido varios los requerimientos y ayer volvieron a hacerlos a través de una resolución aprobada por unanimidad en la comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre cuyos 24 integrantes hay representantes de grandes ayuntamientos de distintos colores políticos como los de Madrid (Ahora Madrid), Valencia (PSOE) y Málaga (PP).

Medio año después, los ayuntamientos mantienen la misma inseguridad jurídica a la espera de que el Ministerio de Hacienda modifique la ley mientras en sus oficinas de recaudación se siguen acumulando miles de recursos de contribuyentes que reclaman la devolución del dinero pagado en los últimos cuatro años (más allá se considera prescrito). Sólo en el caso de la provincia de Málaga ya son más de cuatro mil los escritos presentados por particulares, promotoras y bancos por un importe total que ronda los 15 millones de euros, a los que habría que sumar otros 7 millones de los 1.500 nuevos expedientes que están suspendidos porque los contribuyentes han declarado haber vendido sin beneficio y los municipios han optado por esperar antes de cobrar un dinero que más adelante igual tendrán que devolver.

Un montante que podría ser sólo un pequeña porción de una más que considerable merma presupuestaria, puesto que en Málaga se estima que pueden ser unos 35.000 afectados en los últimos cuatro ejercicios, según la sociedad de tasación Tinsa. Además, no se trata únicamente del dinero que tendrían que devolver, sino también del que dejarán de ganar en el futuro, de ahí que otro de los requerimientos de las entidades locales es que en el nuevo marco legislativo se articulen medidas para compensarles por el roto que puede generarle en la recaudación de un tributo que sólo en la provincia malagueña les reportó el año pasado 185 millones de euros, incluyendo también las transmisiones con ganancias.

Una de las opciones que contempla Hacienda para amortiguar el impacto en las arcas municipales es empezar a gravar las operaciones de compraventa que se realicen en un periodo inferior a un año, hasta ahora exentas. Esta medida para sacarle mayor tajada a los ‘pelotazos’ urbanísticos encaja con las propuestas de los ayuntamientos, aunque los alcaldes reclaman que se estudien otras vías complementarias para mitigar el perjuicio económico. «Esta propuesta de gravar las operaciones inferiores a un año está bien, pero es algo residual. Lo que pedimos es abordar este asunto en un escenario más amplio en el seno de la reforma de la financiación local», apuntó a este periódico el concejal de Economía de Málaga, Carlos Conde, a la salida de la reunión de la comisión celebrada en Madrid, en la que se abogó por cumplir el mandato judicial mediante un decreto-ley para agilizar los tiempos y, a partir de ahí, seguir negociando la financiación municipal.

Otro frente de batalla tiene que ver con el procedimiento para acreditar que en la venta no hay beneficios. En principio, todo apunta a que será la escritura de compraventa la que determine si el inmueble se ha transmitido en ganancias o en pérdidas, pero mientras en el Gobierno pretenden que sean los ayuntamientos los que comprueben la documentación que deberán aportar los contribuyentes, éstos reclaman que sea el Ejecutivo el que establezca un indicador objetivo para conocer con seguridad si hay plusvalía o minusvalía en la compraventa.