Afectados por el descarrilamiento del tren a Sevilla inician un contencioso contra Adif

El tren descarrilado, antes de ser retirado de la vía en la localidad sevillana de Arahal./Salvador Salas
El tren descarrilado, antes de ser retirado de la vía en la localidad sevillana de Arahal. / Salvador Salas

El despacho de abogados que ya representa a cuatro heridos considera que hubo un «mal funcionamiento» del servicio por las fuertes precipitaciones

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

Un grupo de afectados por el descarrilamiento del tren de la línea convencional entre Málaga y Sevilla han iniciado una reclamación colectiva contra Adif y el Ministerio de Fomento, que podría desembocar en un recurso Contencioso-Administrativo. El despacho de la capital hispalense que representa a los cuatro primeros solicitantes, Osuna Abogados, considera que hubo un «mal funcionamiento» del servicio por las fuertes precipitaciones.

Fernando Osuna, director del bufete, espera que se sumen más damnificados en próximas fechas. Según su criterio, Adif, empresa pública encargada del servicio ferroviario, ha podido incurrir en «responsabilidades administrativas». Ante la situación meteorológica y el escenario de inundaciones que se vivía aquel día en el municipio de Arahal, el letrado considera que el tren debió detenerse o andar muy despacio. Según las primeras conclusiones del bufete, «parece ser que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en la que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida. Ninguna de las medidas se adoptó».

En relación al alegato de Fomento de que el suceso fue por «fuerza mayor», los expertos del despacho Osuna señalan que el supuesto no cumple con los requisitos, en primer lugar, porque no se trata de un suceso ajeno a la propia actividad; y en segundo, porque pudo haberse evitado. Igualmente, se trata de daños que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar conforme a la ley. La presunta causa de fuerza mayor, es decir, la lluvia caída en la zona del descarrilamiento, «no libra a la Administración de una posible responsabilidad».

Como precedente, en las inundaciones del año 2010 en Écija se condenó al Ayuntamiento y a la Junta por no tener el cauce del arroyo Argamasilla en buenas condiciones, a pesar de las intensas precipitaciones. De ahí que el daño ocasionado con el accidente ferroviario podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública Adif, «tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma, fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal».

Informes médicos

Por ello, Osuna explica que, en un primera fase, están recopilando los informes médicos donde acrediten los daños, secuelas, tiempo de baja y cicatrices, para determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas, así como otras indemnizaciones. Cuando se obtenga toda esa documentación se harán las reclamaciones, primero al Ministerio de Fomento. Si no contesta en un tiempo prudencial o lo hace en sentido negativo, irán al Contencioso Administrativo, para lo que hay un año de plazo. Luego, habrá que esperar de 12 a 18 meses para que el tribunal dicte sentencia. El descarrilamiento dejó 37 heridos, dos de ellos de gravedad.

Sobre esta cuestión, desde Adif indicaron a Europa Press que el derecho asiste al ciudadano a emprender las posibles acciones judiciales que considere oportunas, y recordaron que cada vez que una persona adquiere a Renfe un billete de tren, también compra un seguro obligatorio de viajeros, orientado a cubrir las contingencias que puedan producirse en el viaje.

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