Unos 3.000 empleados de banca en Málaga tendrán que superar un examen para poder seguir trabajando

Los profesionales con funciones de información y asesoría se ven afectado por la directiva Midfi. / SUR

El sector pisa el acelerador ante la directiva europea que desde enero exigirá que el asesoramiento al cliente lo ejerza sólo personal acreditado

José Vicente Astorga
JOSÉ VICENTE ASTORGA

La recta final del año llega con exámenes y el correspondiente estrés y nervios para miles de empleados de banca que desde hace meses simultanean trabajo y formación. Su premio tras el esfuerzo es hacerse con los certificados exigidos por la UE a partir de 2018 que les acreditarán para tareas de información y/o asesoramiento financiero a los clientes. La experiencia profesional, larga en la mayoría de los casos, ayuda pero no puntúa cara a los exigentes exámenes sobre todo para esta última función. Una buena formación de base, títulos en Económicas o Empresariales, por ejemplo, se convierte en llave de éxito, pero en cualquier caso no exime de estudiar y actualizar conocimientos a todos cara a avanzar en su carrera profesional o simplemente defender el puesto de trabajo. Las pruebas, con exámenes tipo test de tres horas y casos prácticos, son especialmente duras para los certificados de más nivel. La entrada en vigor de la directiva sobre Mercados en Instrumentos Financieros Midfi II (Markets in Financial Instruments Directive), aprobada tres años antes para dar un giro a la imagen del negocio bancario tras los efectos de las malas prácticas que perjudicaron con productos complejos a clientes ajenos a los riesgos, persigue en materia de formación mejorar la transparencia y generar un nuevo escenario de confianza y protección para el inversor, que entre otras cosas va a conocer cuánto se le cobra por asesorarle.

Las entidades afrontan el primer gran arreón para acreditar al mayor número posible de profesionales de su red comercial. En Málaga, serán en total unos 3.000 empleados, el 70 por ciento de la plantilla del sector, según la federación provincial de banca de CC.OO.. Unicaja Banco, apoyada en Cecabank para la formación y en la Universidad Carlos III para los exámenes, ha planificado tres tandas para acreditar a 600 empleados en Málaga del total de 4.800 previstos en todo su grupo, 1.800 de ellos de Banco Ceiss. Es la que movilizará en Málaga a más ‘alumnos’ en el sector, que dispone de cuatro años para homologar las competencias profesionales de su personal. A partir de enero, sin embargo, la labor de asesoramiento a los clientes sólo la podrá realizar personal acreditado y si no lo está, únicamente podrá llevarla a cabo bajo la supervisión de alguien que si lo esté, aunque tenga inferior categoría laboral. Directores, interventores, responsables de cartera y comerciales son prioridad en unas acreditaciones que se extenderán a todas las plantillas en tareas cara al público. Es el caso del primer millar de empleados de Unicaja que afronta las pruebas el próximo 7 de octubre. Otro tanto se examinará el 25 de noviembre, y la última tanda, en julio de 2018. La directiva Midfi II, además, establece la actualización de los certificados, de forma que cada dos años los profesionales deben aportar horas y actividades de formación con ese fin.

Plantillas estimadas

Unicaja
1.900
Santander
450
BBVA
480
Popular
300
CaixaBank
450
Sabadell
400
BMN
65
Bankia
60
Cajasur
150
Cajamar
500
Otros
250

La directiva trae pues otra ‘reconversión’ silenciosa y menos visible en un sector que sólo en Andalucía ha perdido 12.000 empleos con el cierre de oficinas. Quienes por ahora están a salvo del ajuste laboral se enfrentan a los cambios acelerados del negocio y a los nuevos requisitos profesionales de la normativa europea. La homologación y convalidación de títulos académicos y formativos cara a las nuevas acreditaciones es una demanda común desde el ámbito sindical, explica Juan Santamaría, secretario provincial de Banca de CC.OO.: «No parece lógico que a profesionales de una entidad que son economistas se les obligue a realizar pruebas sobre conceptos y casos que conocen además por su trabajo», sostiene en defensa de que las pruebas se modulen en función de titulaciones previas. La inquietud también está en centros dedicados a la formación especializada, como ESESA, que se adelantó a las exigencias de la directiva y que desde 2006 es pionera en Málaga en ofrecer el programa de asesoramiento financiero, primero de una forma autónoma y más tarde acreditada por la Universidad Rey Juan Carlos. Su directora, Belén Jurado, confía en que finalmente la CNMV incluya este título dentro de los que tendrán el mismo efecto que la acreditación como asesor financiero. ESESA es el único centro en Málaga reconocido por la sección española de la EFPA –European Financial Plannig Association– que ya ha acreditado a 20.000 trabajadores de banca.

La implicación de los bancos para que sus empleados logren acreditación es diversa y puede quedar fuera de la jornada laboral. Unicaja Banco, sin embargo, ha pactado las horas laborables de la tarde de los jueves para una formación que la entidad asegura que comenzó de forma escalonada en enero con un curso online de 145 horas y tres jornadas presenciales de ocho para afianzar conceptos y resolver dudas. En el caso de bancos pequeños son los empleados los que han de buscarse centros de formación y costearla de su bolsillo, situación que se da con independencia del papel de la entidad en el asunto ante la necesidad de reforzar la formación ‘on line’. Más de mil folios y tres horas para un examen tipo test del que se exige al menos un 70 por ciento de aciertos lo merecen. No deja de ser una inversión de riesgo a la vez que un seguro de vida laboral.

El temor a que más formación suponga más responsabilidad

A falta de un cuatrimestre escaso para que entren en vigor las nuevas acreditaciones, quedan aún flecos en la trasposición por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la directiva Midfi II. La guía práctica aprobada en junio ha optado por un criterio flexible con varias vías de cumplimiento, incluida la de que sean los propios bancos los certificadores de la idoneidad de sus empleados pero a cambio en ese caso de que asuman la última responsabilidad en la comercialización de productos financieros. De este modo, si una entidad opta por cumplir con la acreditación con un nivel inferior a lo exigido, tendrá que justificarlo y hacerlo bajo la responsabilidad de sus órganos de gobierno, con las posibles consecuencias en caso de que un hipotético litigio sea ganado por el inversor. En ese aspecto centran una de sus preocupaciones los sindicatos del sector, contrarios a que la acreditación para el asesoramiento por exigencia europea «sirva a las entidades como escudo para situar en ellos la primera línea de responsabilidad en caso de reclamaciones del cliente», asegura desde UGT, su responsable de Banca en Málaga, Amado Sosa. En la misma línea, Alicia Domínguez, responsable de Banca en CC.OO. Andalucía, cree fundamental la lucha por las homologaciones para facilitar la obtención de los certificados y critica que, salvo excepciones, el esfuerzo de tiempo extra de la formación recae sobre las plantillas, Con una experiencia de 30 años en el sector, Sosa, trabajador de BBVA y en posesión de la acreditación EFA desde hace años, considera que debe regularse «con claridad» ese aspecto y aboga también por que haya representación de las plantillas en el órgano encargado de la supervisión de la directiva Midfi II en lo que toca a los aspectos de formación y acreditación.

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