Diario Sur

Málaga, único municipio de la provincia sin impulsar un plan que daría trabajo a 700 parados

Personal contratado en la edición anterior.
Personal contratado en la edición anterior. / Fernando González
  • El Ayuntamiento exige garantías a la Junta que eviten un aluvión de demandas después de que varias sentencias le obligaran a pagar al personal según convenio

El Ayuntamiento de Málaga sigue sin resolver el dilema de ofrecer una oportunidad laboral a 716 parados de la ciudad o exponerse a un aluvión de demandas judiciales que, en el peor de los casos, podrían suponerle un sobrecoste de 14 millones de euros. En el Área de Economía no quieren que aceptar la subvención de la Junta de 12,45 millones de euros para contrataciones a través de los programas Empleo@Joven (menores de 29 años) y Empleo@30+ (parados de larga duración, mayores de 30 años) sea como lanzar una moneda al aire, de ahí que seis meses después de serle concedida aún no tenga una decisión tomada.

Lo único que ha hecho hasta el momento ha sido incorporar a dos trabajadores sociales para poder cumplir los plazos y ganar tiempo hasta encontrar una fórmula que le blinde ante posibles sentencias como las cuatro que le cayeron el año pasado dándole la razón a operarios de la anterior edición de esta iniciativa que reclamaron cobrar lo estipulado en el convenio colectivo en lugar de la cuantía subvencionada por la Administración autonómica, que oscila ente los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales en función de cada categoría.

Aunque estos fallos judiciales –el primero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el resto en cadena– pusieron en alerta al resto de ayuntamientos de la provincia, desde la Consejería de Empleo confirman que a día de hoy la capital es el único municipio malagueño que no ha puesto en marcha sendos planes de inserción, más allá de las citadas dos contrataciones que se formalizaron a mediados de febrero para poder tener 18 meses de margen. «La mayoría de ayuntamientos ya han realizado todas las contrataciones o les quedan por completar una mínima parte», aseguran fuentes de la Delegación Territorial. Ante las dudas surgidas, otros municipios como Torremolinos han introducido una disposición en su convenio colectivo para especificar que este personal se beneficiará de todas las cláusulas salvo en la remuneración económica.

Mientras tanto, las restantes 714 ofertas de trabajo previstas en la capital siguen en suspenso en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es el organismo encargado de proporcionarle al Consistorio tres candidatos por puesto. Cierto es que aún queda tiempo por delante para acometer las contrataciones pendientes, pero los plazos empiezan a apremiar teniendo en cuenta que la duración mínima de los empleos es de 6 meses en el caso del plan destinado a jóvenes; y de 3 meses para los mayores de 30 años.

Gestiones del alcalde

¿Hasta qué punto contempla el Ayuntamiento renunciar a esta subvención? Desde el equipo de gobierno no ocultan que se están analizando distintas opciones para evitar que los contratados acudan a los juzgados para reclamar que su sueldo sea el mismo que el del personal municipal, pero insisten en que las garantías serían máximas si, como proponen, se pudieran hacer contratos a media jornada para que los beneficiarios pudieran percibir el salario estipulado en el convenio, pero sin rebasar la subvención. Ésta es la propuesta que la Corporación municipal aprobó ó por unanimidad el pasado diciembre y la que el alcalde, Francisco de la Torre, se ha encargado de trasladar por teléfono y por escrito al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado; la última vez hace poco más de una semana. «Todo sería más fácil si la Junta lo resuelve dando un poco más de flexibilidad a los ayuntamientos», afirma el concejal de Economía, Carlos Conde, quien se queja de la falta de respuesta de la Junta: «Desde que les planteamos el problema en junio de 2016 nunca han contestado».

Aunque no ha habido comunicación oficial por escrito, en el SAE sí que manejan un documento interno con tres posibles soluciones para que los ayuntamientos puedan pagar un salario inferior al de cada marco laboral sin tener que enfrentarse a futuras demandas. Para el órgano dependiente de Empleo, la alternativa más factible sería la suscripción de un acuerdo entre el propio SAE y el consistorio, un documento que constituiría el marco regulador para el personal contratado al amparo del mismo y supondría el «instrumento habilitante» para permitir una retribución diferente. Además, también propone negociar un convenio específico para este personal o aplicar un descuelgue del convenio vigente para este tipo de contratos.

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